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La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, afirmó que la resolución de la Sala Constitucional (que declaró inconstitucionales las normas de ejecución sobre el presupuesto del Poder Judicial) confirma las “advertencias planteadas” previamente por la institución ante la opinión pública, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo.
La jerarca recordó que en la reciente reunión de los Supremos Poderes existió un compromiso explícito de acatar lo que resolviera el tribunal constitucional y que buscan disponer de manera oportuna de los fondos que ya le fueron aprobados para sostener los servicios de justicia.
“Así lo haremos, y confiamos en que los demás poderes también lo hagan. Es importante que la ciudadanía tenga claro que el Poder Judicial no está pidiendo más dinero, ni un aumento en su presupuesto. Segundo, la rendición de cuentas no está en discusión: rendir cuentas es parte de nuestro trabajo y una obligación con la ciudadanía”, alegó Vargas.
Finalmente, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia destacó que cerca de ₡30.000 millones que se mantenían bloqueados por esas normas de ejecución son indispensables para garantizar la atención ciudadana y fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
En una segunda consulta, presentada por la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Sala Constitucional encontraron vicios sustanciales en la incorporación de las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12, incluidas en el artículo 7 del proyecto.
Estas disposiciones fueron cuestionadas porque podían afectar la independencia judicial, la autonomía presupuestaria y el funcionamiento del Poder Judicial.