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La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, reclamó a la Contraloría General de la República (CGR) por las observaciones emitidas contra el sistema ERP-SAP.
Durante la conferencia de prensa de este miércoles, la jerarca denunció que el ente contralor intenta “cogobernar” al emitir cuestionamientos mediante un informe sobre las múltiples fallas registradas en los primeros meses de funcionamiento del proyecto financiero-contable.
“¡La Contraloría les miente sin ningún temor! No es posible que ahora viene y dice que la decisión de poner en marcha el ERP fue totalmente abrupta y que nosotros creamos una crisis institucional a partir de junio del 2025 que se puso en operación. Es un sistema de categoría mundial, muchísimas empresas trabajan con esto ¿para qué? Para que pongamos la casa en orden”, afirmó Taylor.
Recordó que desde 2008 la CGR instó a la institución a modernizar sus sistemas para mejorar la trazabilidad financiera y acusó que el verdadero objetivo del informe es fortalecer el poder de las gerencias de Logística y Financiera, las cuales según el presidente Rodrigo Chaves “son las que tienen desangrada a la Caja”.
“En este país quieren dar golpes de Estado. Marta Acosta quiere manejar la CCSS también, aparte de manejar los escáneres, los alquileres del Gobierno y el desarrollo urbano de Limón. ¿Por qué no renunciamos todos y que la nombren primera ministra desde el Congreso?”, subrayó Chaves.
¿Qué dice el informe?
Según el documento DFOE-BIS-0647 de la Contraloría, la Caja atraviesa una crisis institucional derivada de la implementación forzada del nuevo sistema de planificación de recursos empresariales.
La salida en vivo se ejecutó sin condiciones mínimas y pese a las advertencias reiteradas de las instancias técnicas especializadas. Un informe interno señala que la puesta en marcha del sistema debilitó la gobernanza y el control institucional, afectando directamente los mecanismos de dirección, supervisión y rendición de cuentas.
Los efectos fueron inmediatos: interrupciones en la cadena de abastecimiento, suspensión de cirugías, atrasos en pagos y pérdida de trazabilidad operativa.
“El impacto no es abstracto: afecta directamente a pacientes, personal de salud y la confianza ciudadana, erosionando el contrato social. Sostener una narrativa de ‘estabilización’ invisibiliza las consecuencias que enfrentan la red de servicios y la población asegurada”, advierte el texto.
El informe concluye que los problemas no corresponden a un periodo de ajuste normal, sino a una crisis activa que compromete la capacidad de la institución para garantizar servicios esenciales. También advierte sobre una “erosión progresiva de los contrapesos técnicos” y una omisión total del control previo antes de la puesta en producción del ERP.
Ante este panorama, la Contraloría exige una acción institucional transparente, centrada en recuperar la trazabilidad de la información, restituir la independencia técnica, fortalecer la supervisión y revalorizar el control interno.
“El control no es una formalidad administrativa, es la expresión práctica e indelegable del deber estatal de resguardar la vida, los recursos y la confianza pública”, concluye el informe.
Según la información recopilada por el ente contralor, a finales de octubre todavía existían 9.704 facturas pendientes por pagar, lo que corresponde a una deuda cercana a los ¢35.323 millones.