• Señala sentencia de medidas cautelares
El Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José impuso por un plazo de seis meses la suspensión del cargo de Marta Esquivel Rodríguez, como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esto tras resolver las medidas cautelares solicitadas por parte de la Fiscalía en relación con la investigación que se lleva a cabo por el caso Barrenador, bajo el expediente 24-000267-1218-PE.
Según dice el documento de la sentencia (al cual DIARIO EXTRA tuvo acceso), entre los delitos que se investigan a los imputados aparece el de falsedad ideológica, donde Esquivel es la única señalada, puesto a que apuntan que introdujo datos falsos en las actas de la junta directiva.
“Teniendo pleno conocimiento de que los precios ofertados en cada una de las 10 partidas eran excesivos indicó: ‘me parece que ahí deberíamos incorporar que les da razonabilidad a los precios ofertados, porque en ninguna parte señalamos que después de estos análisis se consideran razonables los precios’.
Y como resultado de la sugerencia de la imputada Esquivel Rodríguez, sin oposición de ninguno de los miembros de junta directiva presentes, la resolución se fundamentó con la siguiente afirmación falsa: ‘Asimismo se acredita la razonabilidad de los precios ofertados’”, dice la sentencia.
Además de la presidenta ejecutiva, los Tribunales ordenaron la suspensión de los también directivos de la junta de la Caja, Isabel Camareno, Jhonny Gómez y Zeirith Rojas, así como de la gerente general de la institución María de los Ángeles Gutiérrez.
Al resto de imputados, Roberto Quirós, Jorge Luis Araya y Jorge Porras, no se les impuso ningún tipo de medida, cabe señalar que estos tres ya no forman parte de la directiva de la institución.
SOLO DOS MEDIDAS
Pese a que el Ministerio Público solicitó la imposición de seis medidas cautelares, el juez finalmente solo acepto dos.
Según consta en el documento de la resolución, la Fiscalía habría pedido restricciones de índole migratorio, solicitando el impedimento de salida de país para los imputados, además, la retención de los pasaportes personales, oficiales o diplomáticos e incluso tener que ir a firmar una vez al mes en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Asimismo, se solicitó la prohibición de que los señalados puedan conocer cualquier asunto relacionado con la licitación.
Para justificar su petición, el Ministerio Público alegó peligro de fuga y obstaculización, mientras que la totalidad de los defensores se opusieron a la probabilidad de comisión del hecho delictivo y a los peligros procesales.
No obstante, finalmente solo se decantaron dos: la separación temporal del cargo y la prohibición de acercase o tener contacto con los testigos del caso.
“Respecto al peligro de fuga fundamentado por el Ministerio Público, se sustentó por el ente ministerial que los encausados tienen los medios económicos suficientes para poder sustraerse del proceso (…), lo cual a criterio de este juzgador no es suficiente para la imposición de alguna medida cautelar de las relacionadas con el peligro de fuga”, añade.
Exclusivamente en el caso de Esquivel, el juez determinó que su residencia debidamente establecida, así como el arraigo familiar hacían poco probable el peligro de evadir el proceso yéndose del país.
Además, a la hora definir el porqué se suspendieron a los directivos involucrados en el caso, el juez justificó su decisión en que, a pesar de los alegatos de la defensa, pudiesen obstaculizar el proceso investigativo, puesto que ya existían antecedentes de conductas similares.
“En la sesión de junta directiva del 12 de setiembre del 2024 se instruyó a la Auditoría que cualquier tema sensible fuera informado de primero a la junta directiva, lo cual demostró que la junta podía obstaculizar el proceso penal”.
JUNTA A LA DERIVA
Tras esta decisión, la junta queda en un estado de incertidumbre, puesto que, además de la separación de cuatro de sus miembros por orden judicial, recientemente uno de los directivos (Jorge Porras) había presentado su renuncia.
Según explicó a este medio el abogado experto en derecho público, Jorge Iván Calvo García, la ley es muy ambigua y no define exactamente que hacer en una situación como esta.
“La presidencia la elige el Consejo de Gobierno, observo que, según el artículo 14, una atribución de la junta es elegir vicepresidente, lo que podría hacerse para elegir un vicepresidente temporal que pueda sustituir la ausencia de la presidencia.
Eso sí, el Consejo puede elegir mañana mismo al sustituto presidente antes de la sesión ordinaria semanal de la CCSS. Lo que no debería ser tan complicado y permitiría sesionar al presidente y elegir al vicepresidente como primer punto”, externó.
Cabe mencionar que, tanto la presidenta ejecutiva, como el vicepresidente de la junta, Zeirith Rojas, estarán al menos seis meses fuera de la institución.
GUARDAN SILENCIO
Este rotativo intentó conocer la versión de Presidencia ante la resolución de las medidas, sin embargo, al cierre de esta nota, ni el mandatario Rodrigo Chaves ni el Ministerio de Comunicación, ni la CCSS emitieron alguna postura.
CASO BARRENADOR
Los cuatro imputados a los que se les impusieron medidas cautelares están involucrados en la adjudicación de la licitación 2023LY-000002-0001101142, en la cual, la Caja aprobó tercerizar a cooperativas y asociaciones de salud, la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud para 10 áreas de salud dentro de la Gran Área Metropolitana, por un monto de ¢3.929 millones.
No obstante, las alarmas se encendieron cuando mediante un análisis de costos, la Caja determinó que existía un sobreprecio en todas ofertas, los cuales en su momento llegarían a ser de ¢13.000 millones, más que el contrato que mantenía la institución.
De este modo, tras una larga investigación, la Fiscalía sospecha que los directivos habrían efectuado tráfico de influencias, ya que, según la hipótesis, las cooperativas habrían participado en la elaboración del cartel de licitación.
“Se están disponiendo de muchos recursos, tanto del bolsillo de los costarricenses y el sistema de salud, donde va a haber un detrimento por precios excesivos”, explicó Carlo Díaz, fiscal general.
Asimismo, según detalló Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud.
DIPUTADOS REACCCIONAN
Diego Vargas
Partido Liberal Progresista
“Nos parece que es una medida oportuna y necesaria, porque cuando es una investigación de estas tan delicada quedan dudas y riesgos de que la información se pierda”.
Pablo Sibaja
Partido Nueva República
“Consideramos que es importante permitirle al Ministerio Público y a las autoridades correspondientes investigar este tema tan delicado, como es la Caja”.
Vanessa Castro
Partido Unidad Social Cristiana
“Veo con buenos ojos que le hayan dado seis meses para que doña Marta se aleje de la Caja, porque en situaciones semejantes así ha ocurrido con otras personas”.
Oscar Izquierdo
Partido Liberación Nacional
“Ante los acontecimientos de enormes dudas que ha generado todo el manejo irregular que se le ha dado a la Caja, esperamos que esto sucediera. Seguimos creyendo en el sistema judicial de este país”.
Pilar Cisneros
Fracción oficialista
“Muy lamentable esta decisión del juez, sin embargo, estamos esperanzados que una vez que se investigue se aclaren las cosas y Marta pueda regresar a su trabajo en la CCSS”.
