
La presidenta de la República, Laura Fernández, calificó como una meta “muy ambiciosa” el objetivo nacional de reducir la tasa de homicidios dolosos en el país de cara al año 2030 en 1.5 puntos porcentuales.
En el marco de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030, que establece como meta reducir los homicidios de una tasa de 16.8 en 2025 a 15.3 por cada 100,000 habitantes para el 2030, la mandataria advirtió que el éxito de esta estrategia dependerá ineludiblemente de una profunda modernización del sistema de justicia.
Durante su comparecencia, la presidenta Fernández enfatizó la magnitud del compromiso asumido por su administración en materia de seguridad ciudadana.
“Me la estoy jugando el todo por el todo por la seguridad nacional, asumiendo responsabilidades sobre una meta nacional con un poder de la República, el Poder Judicial que ni siquiera quiere dialogar al respecto con la presidente”, aseveró con vehemencia.
La gobernante insistió en que, aunque el Poder Ejecutivo trabaje incansablemente y multiplique sus recursos, los esfuerzos policiales serán insuficientes si no se detiene la impunidad.
“Podemos triplicar los esfuerzos del Ministerio de Seguridad, del de Justicia y Paz, de la Dirección de Inteligencia y Seguridad y de todos los cuerpos policiales del gobierno. Pero si la crisis de seguridad pública no es asumida con el mismo nivel de responsabilidad por todas las instituciones vinculadas a ello. No vamos a lograr cumplir esta meta”, sentenció Fernández.
Ante las posibles críticas por sus declaraciones, Fernández aclaró que su intención no es menoscabar la institucionalidad, sino enfrentar la realidad del país.
“Decir esto en voz alta y con vehemencia no es atacar al Poder Judicial, no es debilitarlo, muy por el contrario, es mi deseo genuino como presidente de la República de tomar el toro por los cuernos entre todos los que tenemos responsabilidad en esta importantísima materia”, declaró la mandataria.
El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, advirtió sobre la urgente necesidad de articular un trabajo coordinado y ágil entre las fuerzas policiales y el sistema de justicia para asegurar el éxito de las metas de reducción de homicidios en el país.
El jerarca subrayó que el esfuerzo diario de los cuerpos policiales en las calles corre el riesgo de ser infructuoso si no se cuenta con el respaldo de procesos judiciales contundentes y prisiones preventivas ejemplares para detener a los delincuentes con antecedentes.
“Por más trabajo que hagamos los cuerpos policiales, y bien lo señaló ahorita la señora presidente, si no tenemos este trabajo conjunto al mismo ritmo y a la misma velocidad por parte del Poder Judicial. Esto va a ser como un engaño.”
La meta de alcanzar una tasa de 15.3 homicidios por cada 100,000 habitantes para el año 2030 también ha despertado valoraciones técnicas reservadas. Karen Jiménez Morales, directora de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), se mostró escéptica ante la propuesta gubernamental.
Jiménez argumentó que, incluso si se lograra la reducción planteada, la situación de violencia seguiría siendo crítica para el país.
“Disminuirlo a 15 personas por cada 100,000 habitantes considero que sigue siendo muy grave porque seguimos estando en cifras históricas de asesinatos de personas en Costa Rica”, enfatizó la especialista.
Para la académica, la meta es “muy poco probable” de cumplir sin una estrategia integral que dote de recursos suficientes al Poder Judicial y que, de forma paralela, apueste firmemente por la prevención social en zonas vulnerables azotadas por la exclusión educativa, el desempleo y la pobreza.
