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El polémico viaje del presidente Carlos Alvarado Quesada a Guanacaste en helicóptero suma un nuevo capítulo. La Presidencia reconoció que para el paseo familiar el mandatario fue acompañado por cuatro escoltas. Es decir, se habrían utilizado recursos públicos.
Ante la consulta de DIARIO EXTRA, la Presidencia detalló: “Tras recopilar los datos pertinentes, informamos que, en su paseo familiar del fin de semana anterior, el presidente de la República fue acompañado por cuatro personas de la escolta, una de las cuales lo hizo vía aérea y las otras tres se desplazaron por tierra”.
Según Zapote, “cada una de las personas de la escolta pagó en total ¢33 mil productos de los viáticos y no hubo pago de horas extra involucrado, por la naturaleza de sus jornadas”.
SIN DETALLES
Eso sí, en la Presidencia no detallaron cuánto se habría desembolsado por concepto de hospedajes.
Tampoco se precisó cuánto se gastó en gasolina para el transporte de los tres escoltas que se desplazaron vía terrestre hasta el Hotel Punta Islita y cómo lo hizo el funcionario que viajó en helicóptero.
La casa de gobierno tampoco ahondó en identificar a los agentes, a pesar de tratarse de funcionarios públicos, por lo que no se sabe si pertenecen a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) o propiamente a la planilla de la Presidencia.
De la información llama la atención que esos datos no fueron aportados por el gobierno en los difusos comunicados de prensa que emitió el domingo 9 y lunes 10 de agosto.
DESCANSO DE LA DISCORDIA
El descanso de la discordia se produjo del viernes 7 al lunes 10 de agosto.
Además del mandatario, la primera dama Claudia Dobles y su pequeño hijo, los acompañó el ministro de Coordinación con el Sector Privado, André Garnier Kruse, y la esposa de este.
El costo de la habitación fue de $690 por las tres noches, según indicó Casa Presidencial, mientras que pagaron $497,20 por la alimentación. El traslado aéreo de ida costó $1.860, de los cuales $930 fueron aportados por Alvarado y Garnier pidió que los depositara.
Lo anterior a pesar de que dicho helicóptero no cuenta con permiso para uso comercial, según la Dirección General de Aviación Civil.
Se trata de la aeronave matrícula TI-BET, modelo R-66, marca Robinson.
De acuerdo con Aviación, Servuss S.A. es una firma panameña con cédula de empresa extranjera en nuestro país número 3-012-634696, de conformidad con un documento del expediente de la aeronave TI-BET.
En la entidad enfatizaron que la compañía carece de servicios aéreos en Costa Rica, tampoco cuenta con registros que permitan determinar la actividad a la que se dedica.
Mientras tanto, el vuelo de regreso el lunes se realizó en una aeronave de Viajes Especiales Aéreos S.A. (Veasa), cuyo presidente es Javier Quirós, dueño de Purdy Motor, es decir Toyota Costa Rica. El costo del servicio fue de $1.627,20.
Este viaje se hizo en el helicóptero matrícula TI-AZF, marca Eurocopter, modelo EC-30B4.
FACTURAS
Así como ahora surgen interrogantes en relación con el gasto en que habrían incurrido los escoltas, también persisten dudas con las facturas que aportó Zapote sobre el hospedaje y la alimentación de la familia presidencial.
Se trata de la factura 125125, que entrega el hotel con fecha 10 de agosto de 2020, donde se detalla que la estadía se extendió del 7 al 10 de agosto. Se indica que el costo del hospedaje fue de $230 por noche, para un total de ¢690, o sea ¢414.000.
La factura no indica el cobro del impuesto de valor agregado (IVA), que es del 13 %.
Lo mismo ocurre con otro grupo de facturas proporcionadas por los defensores de Alvarado. Ahí se incluye otra versión del pago del hospedaje.
Si bien los váuchers coinciden en fecha y monto (9 de agosto y $690), la factura presentada (125128) tiene diferencias en el costo de la noche, pues indica un precio de $203,54 y, a diferencia de la presentada el lunes en la noche, esta sí incluye el cobro del IVA por $79,38, con lo que da el monto de $690, o sea ¢414.000.
Además las fechas son distintas. En la presentada por los abogados a la Fiscalía se indica como fecha de llegada y salida al hotel el 12 de agosto, aunque luego se coloca entre paréntesis que corresponde a los días 7, 8 y 9 de ese mes.
Las mismas inconsistencias se presentan en las facturas por los gastos de alimentación.
El lunes en la noche Presidencia mostró la factura 125124, donde se detalla el cobro por los gastos de desayuno, almuerzo y cena por los tres días, cuyo monto total es de $497; es decir, ¢289.320. En esta tampoco se detalla el cobro del IVA.
Sin embargo poco después, la noche del miércoles, los abogados presentaron una factura distinta, pero por el mismo servicio. Es la 125129 sí se detalla el cobro del IVA por $52,54
Aquí también la fecha es 12 de agosto y no 10 de agosto, como la primera que presentaron.
Como si fuera poco, El Diario del Pueblo corroboró que dicho hotel se encuentra cerrado temporalmente. Reabrirá sus puertas en octubre.
LO QUE SE SABE DEL HOTEL
Pero ahí no acaba la historia. El hotel de lujo es propiedad de la familia Garnier. Este complejo debía más de ¢81 millones al fisco.
Así consta en los registros del Ministerio de Hacienda, que son de acceso público. Se trata de la Sociedad Punta Islita, donde Philippe Garnier, hijo del ministro mencionado, figura como representante legal.
Los registros tributarios indicaban que la mayor parte de la deuda sería por el no pago del IVA, antes impuesto general sobre ventas.
Además tenía una deuda inferior por el no pago del impuesto sobre la renta y una serie de sanciones por infracciones administrativas.
También trascendió que el hotel en cuestión registra un valor fiscal de apenas ¢500.000.
Se trata de la finca 132798, cuya naturaleza es terreno para la agricultura y se sitúa en el distrito de Bejuco, cantón de Nandayure.
La finca se encuentra en zona catastrada, cuyos linderos son al norte HDA Punta Islita S.A., Torrecoro S.A., Marcelo Matarrita Matarrita. Al sur Torrecoro S.A., Luz de Primavera S.A., al este Luz de Primavera S.A., Marcelo Matarrita Matarrita y al oeste Torrecoro S.A., Marcelo Matarrita Matarrita.
Cuenta con una superficie de 19.826 metros con 92 decímetros cuadrados, posee el plano G-0865371-2003 y el identificador predial 509060132798.
INVESTIGACIÓN
Cabe destacar que todo este caso, que cada día suma más aristas, lo investiga la Fiscalía General de la República por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Se debe recordar que la Unidad Especializada del Ministerio Público abrió la semana anterior una investigación de oficio que se tramita en la causa con el expediente 20-000044-0033-PE.
La Fiscalía añadió que en dicha denuncia se pretende determinar si existió alguna conducta de tipo delictiva.
El mandatario tiene en este momento cinco causas abiertas ante el Ministerio Público, de las cuales dos corresponden al presunto delito de incumplimiento de deberes, una por prevaricato, una por prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales, y otra por enriquecimiento ilícito.
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) argumentó que de acuerdo con sus competencias en el artículo 3 inciso h de su Ley Orgánica se apersonó en condición de víctima al proceso penal.
Añadió que dicho proceso penal se sigue bajo sumaria 20-44-33-PE, está en etapa de investigación contra Carlos Alvarado Quesada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
“El apersonamiento en condición de víctima le permite a la PEP participar en la investigación penal aportando pruebas y ejerciendo las acciones civiles que correspondan para reclamar los daños y perjuicios que se estimen pertinentes, en caso de que se configure un delito contra los Deberes de la Función Pública”, argumentó la Procuraduría.
La PEP requirió a la Fiscalía General de la República contar con la copia completa del expediente penal con el propósito de ejercer sus competencias.
HOY DISCUTEN MOCIÓN
Después de que la semana pasada el Congreso rechazara una moción para abrir una comisión investigadora sobre el caso, este martes volverá a conocerse el tema en el plenario legislativo.
De no avanzarse en ese sentido, diputada Franggi Nicolás presentará una moción en conjunto con su compañero Jonathan Prendas Rodríguez para que el caso se investigue en el seno de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
Cabe recordar que la semana anterior la justificación de los congresistas es que la moción no se discutió lo suficiente con las diferentes bancadas.
DIPUTADAS CHIVAS
• Franggi Nicolás
PLN
“Del viaje del presidente ha venido surgiendo información de a poquitos, a cuentagotas por la falta de transparencia. Lo de los escoltas ahora es un componente adicional que hasta hace poco lo viene a esclarecer el gobierno. Yo no entiendo por qué de buenas a primeras no dieron la versión completa, con transparencia, que es la que merecemos los costarricenses. Me parece que es inadecuado e inoportuno por qué el presidente tiene que irse con cuatro escoltas pagados por todos los costarricenses al ejercicio de sus vacaciones. El presidente no está predicando con el ejemplo, nos habla de austeridad, nos insiste que tenemos que zocarnos la faja, pero él no lo hace”.
• Shirley Diaz
PUSC
“Por todo esto considero que es importante que se abra una comisión investigadora en relación con este caso. Definitivamente para Costa Rica en este momento la transparencia es urgencia. Para el parlamento el control político es una obligación. Este caso está trayendo muchísima especulación y desconfianza. Los diputados tenemos la obligación de participar en este proceso para aclarar qué fue lo que pasó en este viaje al Hotel Punta Islita e incluso fortalecer la información que obtenga la Fiscalía para que le dé un trámite más expedito”.