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Luego de haberse gastado ¢15 mil millones que se habían presupuestado para el pago de las prestaciones de los funcionarios de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el gobierno de Luis Guillermo Solís no tiene la menor idea de cómo enfrentar ahora esta responsabilidad.
El martes el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, no supo contestar como afrontará el gobierno el pago de las prestaciones de casi 900 funcionarios que tendrán que cesarse de los puertos del Caribe cuando empiece sus operaciones la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM), a cargo de la empresa holandesa, APM Terminals.
De manera escueta e insegura, como suelen ser siempre sus respuestas ante los medios de comunicación, Alfaro solo supo decir que dichas indemnizaciones serían asumidas por el Estado por medio del gobierno central, algo que es obvio; sin embargo, no supo decir cuál sería la fuente para su financiamiento, en medio de la estrecha situación fiscal del país.
“En cuanto a la indemnización, debe ser asumida por el Estado, ya que el Estado tomó la decisión de hacer una concesión que modificaba el sistema de gestión de los puertos del Caribe, en ese momento también debe haber una corresponsabilidad de asumir la forma del pago de las personas que tengan que cesar”, dijo Alfaro.
Japdeva ya hizo el cálculo de cuánto costará el pago de prestaciones de los casi 900 funcionarios que deban salir, pero prefiere reservarse el monto para no crear falsas expectativas. A su vez, la Junta reconoció que no cuenta con fondos para dicho pago y que por lo tanto se deberá buscar una partida presupuestaria, esto en medio de la estrecha situación fiscal por la que atraviesa el país.
Los empleados de Japdeva tienen derecho al pago de cesantía con un tope de 20 años, pues así lo establece su convención colectiva.
La semana anterior, la vicepresidenta, Ana Helena Chacón, sostuvo que la situación fiscal del país no permitiría ofrecer planes de pensiones anticipadas a los trabajadores que estén a pocos años de jubilarse.
¿QUÉ SE HIZO LA PLATA?
En el 2009 la administración de Óscar Arias dejó ¢15 mil millones para el pago de las prestaciones en Japdeva. Los recursos se mantuvieron intactos también en el gobierno de Laura Chinchilla.
Durante el gobierno de Solís las autoridades de Japdeva desviaron el destino de esos recursos y prefirieron utilizarlos en la compra de dos grúas tipo Postpanamax para atender grandes buques de 4 y 8 mil TEUS.
No obstante, el problema es que Japdeva perderá el 60% de la carga de contenedores con la entrada en operación del nuevo puerto que administrará la firma APM Terminals, y que, además, los grandes barcos no podrán entrar a los muelles de Japdeva porque el espacio y la profundidad son reducidos.
Las dos grúas que Japdeva adquirió con los recursos que eran para las prestaciones se compraron a la empresa china Sanny.
Las grúas debían entregarse en abril, pero se retrasó su fabricación y llegarán en agosto. Los equipos se empezarán a usar en septiembre.
Ann McKinley, presidenta ejecutiva de Japdeva, defendió el desvío de estos fondos, pues según dice la institución debe operar el 40% de la carga restante con la misma capacidad de su competencia, pero a la vez trasladó la responsabilidad a la pasada administración.
Diversos sectores han cuestionado la compra de estas grúas. “Fue una cabezonada, una irresponsabilidad. Ahora no tienen plata para pagar las prestaciones y tendrán dos grúas que no les van a servir de mucho. Esa plata se debió utilizar para su fin, o en otra instancia para ampliar el puerto”, dijo Jiménez.
El también expresidente de Japdeva, Allan Hidalgo, coincidió con Jiménez y acusó que la decisión se tomó para congraciarse con los sindicatos. “No hay una ilegalidad porque sabemos que Japdeva tiene su autonomía, pero sí es un verdadero mal uso de los fondos públicos, fue una actitud populista para quedar bien con el sindicato”, señaló.