El 1° de mayo de 2024 el presidente de la República, Rodrigo Chaves, acudió a la Asamblea Legislativa a presentar su proyecto estrella: la “Ley Jaguar para Impulsar el Desarrollo de Costa Rica”.
Con esta iniciativa el Ejecutivo pretendía llevar a un referéndum las siguientes reformas:
- El artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública para construir Ciudad Gobierno
- La Ley Orgánica de Japdeva para fomentar las alianzas público-privadas a fin de diseñar la Marina de Limón
Sin embargo, desde mayo, la iniciativa gubernamental enfrentó variados obstáculos: la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional, Servicios Técnicos, la Contraloría General y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La Sala IV declaró la ley con vicios constitucionales, en dos ocasiones. Por lo que surgió una tercera versión del proyecto (Jaguar 3.0).
Servicios Técnicos del Congreso y el TSE ya declararon la iniciativa “inviable” y que “no representa una novedad” al ordenamiento jurídico.
El Gobierno defiende este proyecto, pese a que algunos diputados lo han catalogado como la “Ley Chorizo” o que el “jaguar está muerto”.
“El jaguar se murió, caput”, señaló la diputada independiente Gloria Navas en un espacio de control político.
“No hubo voluntad política”
En respuesta a las trabas de diversos frentes, la Presidencia defiende que hubo “una ausencia de voluntad política de las diferentes partes para apoyar al Gobierno con su iniciativa de referéndum”.
La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, comentó a Grupo Extra que el proyecto no logró el apoyo requerido en el Congreso al contar con una fracción oficialista “pequeña” (8 diputados).
“Evidentemente, la ausencia de una fracción más grande y partidos políticos que se dedican a hacer oposición de manera diario, pues, evidentemente, ha implicado que no se haya logrado avanzar con la vía del referéndum. Al menos no a la velocidad que nosotros hubiéramos deseado”, manifestó la ministra.
Fernández afirmó que las variadas consultas a la Sala IV, sobre la constitucionalidad del proyecto, a su criterio, retrasaron aún más dicho avance.
La Ley Jaguar 3.0 se encuentra en la Comisión de Asuntos de Gobierno y Administración del Congreso.
En dicho expediente solo se mantiene “con vida” el artículo 2, que busca reformar la labor fiscalizadora del ente contralor.
Lea más: Ley Jaguar, Jornadas 4×3 y Crucitas esperan a los diputados en enero