Laura Fernández, ministra de la Presidencia, cuestionó un informe redactado por el Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa en que señalaban al menos 22 leyes aprobadas por el Plenario pero que se encontraban frenadas en Casa Presidencial al no tener la firma del presidente de la República Rodrigo Chaves.
Según externó la jerarca, dicho documento se encontraba desactualizado y con algunas inconsistencias por lo que solicitó al presidente de la Asamblea Legislativa Rodrigo Arias rectificar la información.
“Es muy lamentable que el Departamento de Servicios Parlamentarios haya girado información que confundió a la prensa, un informe con errores y desactualizado que sirvió de base a muchos medios para informar sobre presuntas leyes no publicadas que vean ustedes, en algunos casos eran leyes que tenían hasta dos años de haber salido en La Gaceta”, externó Fernández.
Asimismo, en la carta dirigida a Arias aseguró que esta era una “situación muy grave”, puesto que, según su criterio, es una muestra de falta de rigurosidad en el manejo de la información y también genera suspicacias acerca de la intencionalidad con la que fue facilitada a los medios de comunicación.
Dentro del pliego de leyes que en un principio se denunciaron como no firmadas, aparecen algunas relacionadas a la lucha contra la inseguridad, como por ejemplo la Ley para la Modernización de la Intervención de las Comunicaciones y la Protección de Datos Sensibles de Víctimas y Testigos.
Ambas fueron publicadas en La Gaceta el 26 de julio y el 28 de agosto de este año, respectivamente, por lo que ya entraron en vigor.
El 27 de agosto, el presidente Chaves fue cuestionado sobre los datos de este informe, a lo que aseguró que había pedido un informe con el objetivo de conocer la razón por la cual las nuevas normas estaban atrasadas y aún no se suscribían ni publicaban.