
Representantes del Gobierno, diputados del oficialismo, el sector taxista y conductores de plataforma alcanzaron una serie de acuerdos para atender las principales preocupaciones de quienes trabajan mediante aplicaciones de transporte como Uber o Didi, esto después de la reunión pactada en Casa Presidencial el pasado 7 de agosto.
En el encuentro participaron representantes de Uber, conductores de plataformas, funcionarios de Casa Presidencial, diputados y miembros del sector taxista, quienes, según representantes de los sectores, permitieron avanzar en cinco puntos relacionados con las condiciones de operación, sanciones, tarifas y formalización de los conductores.
Uno de los acuerdos establece bases de operación y libertad para recoger y dejar usuarios en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, terminales de buses, trenes y otros puntos similares, situación que el proyecto de ley 23.736 permitía solo para taxistas; sin embargo, ahora los miembros de plataformas podrán realizar estos viajes respetando los espacios destinados al transporte público.
Además, entre la negociación del Ejecutivo, se acordó que los conductores podrán ejercer su derecho de defensa ante decisiones de las aplicaciones, como desconexiones, suspensiones o bajas de calificación, todo esto basado en las leyes actuales de Costa Rica para materia laboral.
En materia económica, se planteó mantener una rentabilidad bruta mínima y establecer una fórmula que considere la distancia y el tiempo efectivo de cada viaje, es decir, que cada viaje tendrá un costo mínimo basado en el kilómetraje del recorrido y el tiempo aproximado, esto sumado a un desglose por viaje para que el usuario conozca cuánto paga, cuánto cobra la plataforma y cuánto recibe el conductor.
Sumado a ello, el proyecto además mantendrá una categoría diferenciada entre el conductor de aplicación y los conocidos “piratas”, los cuales seguirán siendo un transporte ilegal y multado por la Policía de Tránsito.
Además, se acordó avanzar en la formalización de los conductores ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y Hacienda, esto eliminando los cobros retroactivos, es decir, si un conductor forma parte de las plataformas desde hace varios años, solamente deberá empezar a pagar a partir de la aprobación de la ley.
Una de las propuestas presentadas por el sector de conductores de plataforma pretendía eliminar la restricción vehicular a quienes formalizaran la actividad económica como fuente de ingreso, sin embargo, la medida no fue acogida por las autoridades.
Pese a ello, el acuerdo permitiría distinguir a los conductores de dichas aplicaciones mediante un distintivo tipo sticker con código QR que se colocará en el parabrisas.
Actualmente, el proyecto de ley 23.736 “Ley de transporte remunerado no colectivo de personas y plataformas digitales” superó la etapa de comisiones legislativas y deberá ser votado dos veces por el Plenario para recibir su aprobación.