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La Sala Constitucional falló a favor del diputado Antonio Ortega y le obliga a Casa Presidencial a responder sus consultas sobre la designación de Juan Ignacio Rodríguez Araya como presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), quien tuvo que dejar el cargo, luego de trascender que fue mencionado en el expediente judicial del Caso Azteca.
El diputado frenteamplista envío en febrero una consulta a Zapote, esperando que las autoridades especificarán que tipo de proceso llevaban a cabo para evitar que personas involucradas en actos delictivos pudieran ocupar puestos gerenciales.
No obstante, el legislador alega que sus consultas fueron respondidas de forma ambigua, sin profundizar sobre los mecanismos que se llevaban a cabo.
“Hoy la Sala nos da la razón ante la negativa del Ejecutivo de respondernos preguntas que hacemos sobre la contratación de este señor. También le preguntamos si desde el Gobierno se investiga a las personas que quieren concursar en puestos de alta jerarquías, pero solo nos respondieron si o no para temas tan complejos”, señaló Ortega.
El diputado aseguró que esta no era la primera vez que una persona tenía que salir del Gabinete por tener algún nexo con el crimen organizado, ya que en durante esta Administración, Braulio Venegas, tuvo que dejar su puesto como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) por tener cierta relación con un abogado sospechoso de lavar dinero.