La Procuraduría General de la República diseñó una guía para combatir e identificar conflictos de intereses entre los funcionarios públicos. Este trabajo se realizó con el apoyo de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos.
El manual tiene como objetivo brindar orientación para prevenir, identificar y gestionar de forma adecuada los conflictos de intereses con el fin de fortalecer la integridad en el ejercicio de la función pública en Costa Rica.
Principios como legalidad, transparencia, imparcialidad, rendición de cuentas y neutralidad son algunos de los valores que deben regir el accionar de los funcionarios públicos, señala la Procuraduría de la Ética.
DEBERES DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
“El funcionario público no puede estar en una situación donde haya colisión entre interés público y privado”, afirma el informe presentado ayer.
Esto se basa en los principios de objetividad-imparcialidad que rigen las conductas de un funcionario público. Para hacerlo es deber de los funcionarios comportarse neutrales frente a los conflictos y los casos que les llegan.
Otro deber muy importante y que, últimamente, se ha escuchado mucho es el de probidad, el cual consiste en que: “las personas servidoras públicas deben orientar su gestión hacia la satisfacción del interés público, por lo tanto, sus conductas y decisiones siempre debe privilegiar el interés público por encima del privado”, indica.
El manual fue publicado no solo para que los funcionarios públicos lo conozcan, sino para que toda la comunidad lo pueda comprender y analizar.