Representantes del sector salud y sindicatos articulados al Frente Nacional de Lucha (FNL) presentaron dos denuncias más en contra de Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En las cuales hacen un llamado a la Auditoría Interna de la Caja, así como a la Contraloría General de la República (CGR), para que investiguen un acuerdo emitido por la junta directiva ilegal de la CCSS, donde se permitía la modalidad de copago para bajar las listas de espera.
No obstante, dicha modalidad, aseguran los sindicatos, únicamente ha beneficiado a terceros e incluso señalan que Esquivel pasó ¢200.000 millones a empresas privadas de forma ilegal.
Adicionalmente, aseguran que más bien ha venido impulsando la tercerización de servicios en la institución, en detrimento del sistema público de salud y, como si fuera poco, señalan que no ha ayudado en ninguna manera a los pacientes ni existen sistemas para aquellas personas que pretendan obtener servicios de salud de atención privada y cobrar en la Caja.
Además, agregan que se derogó la política y el reglamento para la contratación de servicios tercerizados, lo que “abrió un peligrosísimo portillo de privatización”.
Finalmente, acusan que todo lo anterior ha generado un desestímulo en la Caja, ya que se le está dando plata a terceros privados mientras que a lo interno de la institución van “trabajando con las uñas”.
Esto, sin contar la resistencia a reconocer y pagar más de ¢3,7 billones de la deuda del Estado con la CCSS.
“Las decisiones de Marta Esquivel están cambiando el espíritu del Seguro Social, en detrimento de los asegurados. Parece que se quiere privilegiar a muy pocos que tienen plata, por encima de la atención médica para todos los costarricenses.
No se están tomando decisiones óptimas ni se está invirtiendo en la institución, porque parece que la prioridad es que se presten servicios y se den recursos a terceros o proveedores externos”, explicó Deivis Ovares, secretario de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) y coordinador del Frente Nacional por la Seguridad Social (Frenass).
En la misma línea, la doctora Natalia Solís, del FNL, aseguró que la propuesta de Esquivel sobre copago es inconstitucional y, además, va en contra de la Ley Constitutiva de la Caja, debido a que es la institución encargada de la administración del Seguro Social y la presidenta ejecutiva está transfiriendo las potestades a terceros privados y, como si fuera poco, las está financiando con recursos públicos.
“El copago no cuenta con los estudios técnicos que garanticen el beneficio en su implementación ni que con ello se dé la disminución de las listas de espera. Tampoco existen los criterios técnicos en cuanto a la sustentabilidad de la medida y que se garantice la salud financiera de la institución.
Mucho más grave, no tiene contemplado quiénes asumirán la responsabilidad por las complicaciones, mala praxis y entre otras, que se deriven de las intervenciones que se hagan fuera de la institución. Exigimos la derogatoria de esos acuerdos, tomados por la junta ilegal, los cuales son espurios y lesivos al interés público”, sostuvo.
Finalmente, los representantes de Salud exigieron la salida de Esquivel, al considerarla enemiga de la seguridad social.
Durante su presidencia en la CCSS, lleva más de 10 denuncias ante las autoridades, obligaciones de respuesta por parte de la Sala Constitucional y otros procesos ante el Alto Tribunal.
• Natalia Abea
Doctora
“No había criterios técnicos para tercerizar ni destinar los fondos de la Caja a entidades privadas, no se ha demostrado técnicamente que se necesitara. Tampoco hay claridad de quién asumiría las complicaciones de los pacientes o el costo-beneficio”.