Distintos sindicatos acusaron al Gobierno de la República ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) por haber destituido a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y, además, violar “el Estado Social de Derecho” y la autonomía institucional
La representación sindical fue recibida por Leonardo Ferreira, director adjunto de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, cuya sede se encuentra en San José, Costa Rica.
De acuerdo con los gremios, en los últimos meses, Casa Presidencial ha violentado la autonomía institucional y el modelo tripartito de institución (laboral, patronal y estatal).
Del mismo modo, consideran que las decisiones del presidente de la República, Rodrigo Chaves y la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel, son “arbitrarias e ilegales”, lo cual impide el diálogo, armonía y democracia a nivel institucional.
Además, afirman que se violentó el debido proceso y derecho de defensa de José Luis Loría Chaves, Marta Elena Rodríguez, Jorge Arturo Hernández Castañeda y Marielos Alfaro, los cinco destituidos de la Junta Directiva de la Caja
Los señalamientos fueron realizados por representantes del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD).
Del mismo modo, acusaron al Gobierno los representantes de la Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).
Finalmente, los sindicalistas plantearon la necesidad de que se cancele la deuda del Estado con la Caja (más de ¢3 mil millones) y, lejos de debilitar o tercerizar servicios, se inste al Gobierno de la República para que se fortalezca el sistema de seguridad social en el país. A principios de esta semana, distintos gremios presentaron un recurso de amparo en contra del Gobierno de la República, considerando que la destitución de los cinco miembros de la Junta Directiva causó “inestabilidad administrativa a nivel institucional” y solicitaron a Sala Constitucional que, hasta tanto no se resolviera el recurso de amparo, se suspendiera la separación de los cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja.