La presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, así como la jefa de la Dirección Actuarial y Económica de la institución, de apellidos González Gaitán, fueron denunciadas ante la Fiscalía de Probidad.
La denuncia fue interpuesta por Lenín Hernández Navas, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), por incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
Según indica la acusación, la actual presidenta de la CCSS ha comunicado a la opinión pública que la institución está en quiebra a partir del Informe técnico sobre la actualización del Portafolio Estratégico Institucional 2023-2032, elaborado por la Dirección Actuarial y Económica.
Dicho informe fue presentado originalmente a la junta directiva de la Caja en setiembre del año anterior, cuando la institución era presidida por Álvaro Ramos Chaves.
En su momento Ramos dijo ante la Asamblea Legislativa que la institución no estaba en quiebra, desacreditando la posición oficial del Ejecutivo con respecto a la CCSS.
La demanda indica que el informe fue presentado nuevamente a la junta directiva de la Caja en febrero pasado, pero con cambios realizados por González Gaitán, a quien nombró Esquivel Rodríguez tres meses antes en el puesto de directora actuarial.
Según el sindicalista, el primer informe dice en la sección V Criterio Técnico del Equipo Intergerencial: “Desde el punto de vista financiero y técnico, el Portafolio Estratégico de Proyectos en Ejecución, es caracterizado por disponer de reservas que respaldan la inversión, así como la capacidad de asumir el gasto de operación al menos hasta el 2031”.
Sin embargo, en la denuncia se señala que en el segundo documento se lee en el mismo apartado: “Desde el punto de vista financiero – actuarial, los ingresos corrientes del seguro no son suficientes para hacer frente a los gastos corrientes aun sin considerar los gastos futuros asociados con el portafolio de proyectos en ejecución. Al incorporar las provisiones y reservas del seguro, éstas serían suficientes para respaldar el Portafolio Estratégico de Proyectos en Ejecución hasta el año 2026, es decir, a partir del año 2027 se presentaría una insuficiencia de recursos”.
Para Hernández, esto sería “maquillaje” en el informe.
“Nosotros mandamos a consultar a la Dirección Actuarial si existía algún sesgo o algún error con el informe actuarial presentado, y nos contestó en abril que no, entonces no puede haber ninguna variación del estudio actuarial, para que usted vea que sí se ha venido maquillando”, comentó a DIARIO EXTRA el secretario general del Sinae.
SUPUESTA MOTIVACIÓN
La denuncia presentada por el sindicato de enfermería señala que el presunto interés que tienen el Poder Ejecutivo y sus representantes en la actual junta directiva de la CCSS es no cobrar al Ministerio de Hacienda la deuda que tiene el Estado con la institución.
En el sindicato afirman que el Estado debe en este momento a la Caja ¢2,6 billones (millones de millones) y se encuentra en juicio otra deuda por ¢5 billones.
Cumplir con dicho pago “compromete significativamente la política del Ministerio Hacienda”, según indica la demanda.
“Existe un interés del Poder Ejecutivo de no honrar la deuda que tiene con la Caja. Están haciéndole creer a la ciudadanía que es un desorden financiero. El presidente de la República ha dicho que no le paga a la Caja lo que se le debe porque es echarle agua a un canasto”, finalizó Hernández.