La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) convocó a los costarricenses a manifestarse afuera del edificio sede del Ministerio de Educación Pública (MEP) en señal de rechazo por la aplicación del cuestionario de Factores Asociados de las pruebas FARO.
Al momento en que se dio la convocatoria por parte del secretario general Albino Vargas, el llamado era para exigir la renuncia de Guiselle Cruz Maduro de su cargo como ministra de Educación.
Sin embargo, horas antes del llamado a manifestarse, Casa Presidencial anunció la demisión de Cruz; no obstante, en ANEP insistieron en que el movimiento debía seguir, ya que no podían dejar impune lo ocurrido con las pruebas FARO, lo cual consideraron como atroz.
Unas 50 personas llegaron hasta el edificio de Torre Mercedes, en Paseo Colón, con la intención de hacer notar su molestia con el censo disfrazado de FARO que el MEP aplicó a los menores.
Cuando arribaron al edificio donde este ministerio alquila sus oficinas, se trató de negarle al grupo su derecho a manifestarse, pero como no lograron echar a los protestantes, solamente les impidió el ingreso a las instalaciones, ya que son de un ente privado.
Ante esto, el grupo se quedó en la entrada de la edificación, algo que otra vez los oficiales de seguridad intentaron evitar, pero sin éxito, por lo que tuvieron que intervenir varios oficiales de Fuerza Pública.
Tras una negociación con los encargados de dirigir la protesta, estos se movieron para permitir que quienes necesitaban hacer un trámite en el sitio lo pudieran hacer sin ningún problema.
DENUNCIA PENAL
Durante el movimiento “simbólico”, doña Rocío Ramírez, representante del grupo Mujeres en Lucha Social, anunció a los presentes que habían preparado una demanda penal junto con ANEP.
Este documento es contra el MEP, la exministra de Educación, Guiselle Cruz, y el exministro Leonardo Garnier, por aparentemente violentar la Ley de Protección de Datos, Abuso de Autoridad y otros.
“La Ley 8968, la cual es de orden público y de acatamiento obligatorio para organismos públicos y privados, establece el respeto de los derechos fundamentales de cualquier persona, (art 24 de la Constitución Política, se reconoce en dicha ley la autodeterminación informativa como un derecho fundamental, cuyo objetivo es de controlar las informaciones que conciernen a cada persona, derivado del derecho a su privacidad.
En este caso, la prueba de factores externos que le fue aplicada a las personas menores de edad puede ser subsumida dentro del concepto de base de datos, pues fue en la práctica, una acción tendiente a la recolección y registro de datos personales, que van a ser tratados y procesados para su examen y estudio por parte de autoridades administrativas del MEP función que no le corresponde al Ministerio de Educación.
Es evidente que el Ministerio de Educación Pública, al decidir evaluar dentro de un examen obligatorio datos sensibles relacionados a las condiciones socioeconómicas y de vida de las personas menores de edad, de forma ilegal violentaron la Ley de Protección de Datos que en su artículo 9 inciso 1 establece que ninguna persona estará obligada a suministrarlos, más cuando revelen aspectos relativos de la vida, pero, además, debieron necesariamente informar de previo, a los padres de familia de los niños, de modo expreso, preciso e inequívoco”, menciona la denuncia.
Hasta ahora, el documento solamente fue presentado ante la Fiscalía de Probidad a la espera de que se determine cómo se procederá con el caso.