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El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, se apersonó ante la Fiscalía para presentar pruebas del caso ‘Pista Oscura’ en las que, en apariencia, estaría involucrado el presidente Rodrigo Chaves.
Ortega entregó este jueves al Ministerio Público, copia certificada de las actas de la Comisión de Infraestructura, como prueba para las investigaciones que realizan la Fiscalía General y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) relacionadas con el caso Pista Oscura.
El legislador del Frente Amplio asegura que Chaves, mediante el asesor jurídico de presidencia, Eduardo Mora, tuvo un rol activo en el plan que derivó en el decreto de emergencia para intervenir la pista del Daniel Oduber.
En el comunicado compartido por la agrupación, se indica que:
Las actas legislativas en las que figuran las declaraciones de comparecientes durante más de un año, que forman parte del expediente legislativo de investigación #24.232, revelan que Mora fue señalado en reiteradas ocasiones como canal entre las partes implicadas y el mandatario.
En la documentación presentada a la Fiscalía se menciona que hubo repetidas llamadas entre el presidente, Mora y Picado, que le podrían resultar de interés a la Fiscalía.
Ortega se refirió al caso:
“Como funcionario público es mi deber elevar esta denuncia ante la Fiscalía, espero que su contenido resulte de utilidad en la búsqueda de la justicia y la verdad real de los hechos, para que quienes han atentado contra las normas que rigen la función pública, así como el carácter ético y de servicio que la caracteriza, se hagan responsables de sus actos”, dijo Ortega.
Las investigaciones se relacionan con una serie de supuestas irregularidades con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia.
Los hechos se investigan bajo el expediente 24-000454-1218-PE.
El órgano acusador indica que la emergencia se justificó falsamente, ya que se atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales.
Esto permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia dentro de la emergencia que atravesó el país, lo cual habilitó una contratación por $39.9 millones.
Cuando se da la declaratoria de emergencia, los trámites para realizar las obras se simplifican, ya que se realizan en el menor tiempo posible, lo que implica disponibilidad inmediata de los recursos y no requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República (CGR).