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El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud) interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, por la decisión de mantener congelados ¢6.346 millones originalmente aprobados para la creación de plazas en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público
El sindicato argumenta que Hacienda modificó unilateralmente el destino de los fondos asignados en la Ley de Presupuesto 2025, lo que afecta la continuidad de 191 plazas que estaban previstas. Previamente, solo se habían liberado ¢3 mil millones, con los cuales se financiaron 64 puestos.
Según Sitrajud, la medida vulnera el principio de legalidad presupuestaria, la separación de poderes y el derecho a una justicia pronta y cumplida. Además, señala que la decisión de Hacienda, basada en criterios de política fiscal y reducción de deuda, se tomó sin autorización legislativa ni justificación técnica proporcional
El recurso enfatiza que la falta de personal en el OIJ y en el Ministerio Público limita la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado en un contexto de creciente inseguridad. También advierte que la omisión presupuestaria repercute en la imagen internacional del país y en sectores como el turismo
Ahora corresponde a la Sala Constitucional resolver la acción planteada y definir si Hacienda deberá liberar los recursos para las plazas judiciales aprobadas por la Asamblea Legislativa.
En la Ley de Presupuesto 2025, la Asamblea Legislativa aprobó ¢9.346 millones en la subpartida 90202 para crear plazas en el OIJ y el Ministerio Público
El Ministerio de Hacienda liberó solo ¢3.000 millones, con los cuales se financiaron 64 plazas. Sin embargo, los ¢6.346 millones restantes quedaron pendientes
La Corte Suprema de Justicia solicitó en varias ocasiones la liberación de ese monto, pero Hacienda se negó. Primero, en julio, el entonces ministro Nogui Acosta argumentó que no era posible por tratarse de un gasto recurrente y por la necesidad de cumplir la regla fiscal
Después, en setiembre, el actual ministro Rudolf Lücke reiteró la negativa y dispuso que los saldos se trasladaran al Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial–BCR para infraestructura, no para plazas.
Por su parte Randall Zúñiga director del Organismo de Investigación Judicial le solicitó al ministro de Hacienda, reconsiderar su posición de no trasladar los recursos que requiere el OIJ junto con la Fiscalía en el combate de la criminalidad.
“Resulta inadmisible que una semana después de indicar que no se le pueden dar esos dineros al OIJ por falta de presupuesto, inmediatamente se garantice a la Fuerza Pública 220 plazas con la misma fuente de financiamiento que la Asamblea Legislativa ya aprobó para el OIJ y la Fiscalía”, indicó Zúñiga.
Asimismo, recordó que en Costa Rica el tema de la seguridad no está para dividir ni para polarizar, que todos son un mismo equipo y eso se debe demostrar con acciones decididas.
Grupo Extra intentó obtener la versión del ministro, sin embargo, al cierre de edición no respondió a la llamada hecha por este medio de comunicación.
