Un consenso costarricense de prosperidad limpia, inclusiva y duradera solo será posible si tenemos la valentía de enfrentar nuestras contradicciones y ofrecemos ideas de cómo desamarrar el gran nudo de tareas pendientes.
El modelo de transporte de Costa Rica –congestionado, impráctico y contaminante—aún está anclado en el siglo pasado. Aunque es el sector nacional que más CO2 emite a la atmósfera, no hay avance, ni medible ni inspirador, que esté a la altura del líder climático que Costa Rica ha querido ser en el debate internacional. Y lo insólito es que en 2013 no anuncie un compromiso con el transporte, sino con una refinería de petróleo. La nueva prioridad nacional – se nos dice – es refinar nuestra propia gasolina y compartir el negocio con China mediante una compañía conjunta. Sin previo debate se intenta imponer un proyecto de $1.500 millones con cifras cuestionadas por Contraloría General de la República, y sin mejor formulación -ante el cuestionamiento de la sociedad – de lo que el gobierno llama un “mal necesario”.
La industria petrolera del mundo ha usado históricamente la lógica del mal necesario para parar, o al menos desacelerar, la transición a economías post-petroleras. Y los aliados abundan: desde las empresas que construyen infraestructura petrolera y los bancos que la financian, hasta empresas de aviación que resisten las cargas monetarias al combustible búnker. Hay aliados en la derecha (aquellos que aborrecen la regulación, especialmente la climática), así como en la izquierda (sindicatos que defienden las plantas de carbón o refinerías).
El petróleo como “mal necesario” es posible en buena parte porque los gobiernos le hacen la vida más cómoda. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), los gobiernos han entregado subsidios a los combustibles fósiles por un monto de $531.000 millones. Esto contrasta con los $88.000 millones en subsidios a la energía renovable alrededor del mundo. Buena parte del reto de esta década consiste en eliminar dichos subsidios. En marzo el Fondo Monetario recomendó a los gobiernos eliminar tales subsidios, los cuales representan un 2.5% del PIB mundial u 8% de los ingresos públicos.
Mientras tanto, la industria de los combustibles fósiles no ha dudado en cuestionar la causa, severidad y necesidad de actuar ante el cambio climático – y pagar a terceros para divulgar dichos cuestionamientos. Un ejemplo emblemático son los Koch, hermanos multimillonarios gracias al petróleo, quienes han boicoteado sistemáticamente los intentos de legislación climática en Estados Unidos a través del centro “Americans for Prosperity”, y mediante $30 millones a universidades para agendas que incluyen el cuestionamiento de la ciencia climática (estudio de American University), así como otros millones para organizaciones afines.
The Guardian reportó que entre 2002 y 2010 grupos empresariales en EE.UU. también donaron $120 millones a 100 grupos activistas y think tanks de EE.UU. para que plantaran dudas respecto al cambio climático. Tan efectivo ha sido el cabildeo en el Congreso y Senado de EE.UU. que es imposible pasar legislación relacionada con el clima en dicho país. De hecho, el reciente e histórico anuncio de Obama que (finalmente) declara la guerra al carbón, solo será posible mediante una estrategia que no precisa de la aprobación del poder legislativo.
El debate de la refinería con China creó una dinámica nacional que descalificó a quien trajera a colación la dimesión cclimática. Se insiste que la refinería no generará mayores emisiones y que el combustible será más limpio, cuando sabemos que ese no es el tema climático de fondo – es el costo de oportunidad de los $ 1.500 millones.
¿Qué desarrollar desde la sociedad civil para acelerar la transición a una Costa Rica post-petrolera?
Análisis del costo de oportunidad de $1.500 millones para Costa Rica: ¿cuáles usos alternativos serían más beneficiosos?
Escenarios energéticos para Costa Rica entre 2014-2030 que sean compatibles con el imperativo climático. Definir una hoja de ruta 2014-2030 con hitos para cada período gubernamental.
Proponer medidas de “transición justa” para los trabajadores de Recope que empiecen en esta década.
Diseñar una estrategia de involucramiento de las partes en el sector transporte en particular, con los grupos que más se oponen al transporte limpio. Sentar un precedente positivo.
Comisionar a terceras partes la medición del avance costarricense de cara a la meta de carbono neutralidad. Se necesita una evaluación independiente.
No es una lista exhaustiva y algunos esfuerzos ya están en curso. El punto es que no hay que esperar hasta que se agoten las reservas de petróleo para que sea legítimo iniciar la transición post-petrolera. Nos beneficiamos si desde ya cuantificamos y visibilizamos las ganancias colectivas de hacer la transición en esta década: según la IEA, las políticas públicas que promueven eficiencia energética en el sector transporte podrían evitar $70 billones (“trillions”) en gastos en automóviles, gasolina, infraestructura para el transporte entre ahora y 2050.
En Costa Rica hay que ampliar el debate más allá de \”crudo vs refinado\” y discutir cuántos recursos públicos invertiremos en la economía petrolera versus la economía post-petróleo. Lo urgente es definir una hoja de ruta para el sector energético que facilite dicho cambio y no lo postergue hasta que sea tarde y costoso.
Cuando se manifiesten las propuestas concretas y sólidas desde la sociedad civil los gobernantes no podrán ignorarlas. Estas propuestas deberán influir la política de Estado en materia energética y de transporte, de manera que la dimensión climática sea explícita y coherente con un modelo de prosperidad limpia, inclusiva y duradera en el siglo XXI.
*Economista, especialista en estrategias de bajo carbono.