El fiscal Juan Carlos Carrillo, de la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, informó ayer que esa oficina está en la etapa preparatoria del proceso penal contra el Grupo Nación por el delito de defraudación fiscal en perjuicio de la Hacienda Pública, el cual se inició en el Ministerio Público el 20 de octubre de 2004.
La causa se sigue bajo el expediente penal 04-00008-618-PE contra Manuel Francisco Jiménez Echeverría, Carlos González Jiménez y Javier León Longhi.
Este es uno de los casos más viejos en los tribunales de justicia costarricenses, que se ha visto retrasado una y otra vez por los constantes subterfugios legales que les dan las leyes a los abogados para evitar que llegue a juicio. En este proceso actúa en la investigación y acusación no solo la Fiscalía sino también la Procuraduría General de la República.
Según la acusación, La Nación S.A. habría fingido la venta de dos rotativas a la sociedad Capital Leasing Corporation de Belice por un monto de $2 millones.
Capital Leasing Corporation a su vez habría simulado la venta del mismo equipo a Arrendadora Interfin S.A. por $5 millones, generando una ganancia de $3 millones a la compañía de Belice.
Esos $3 millones en apariencia los pierden los demás accionistas de La Nación S.A., pero el gran perdedor es el Ministerio de Hacienda por los impuestos no pagados por la utilidad generada por ese extrañísimo negocio.
En la actualidad el monto de la defraudación asciende a ¢1.918.300.797,43.
En diciembre pasado, cuando estaba por terminar la etapa de la investigación, los abogados de la parte acusada presentaron una audiencia para pedirle al juzgado que anulara una de las pruebas llevadas al proceso por la Fiscalía. Unos 22 días después la jueza rechazó tal petición.
Carrillo, de la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, explicó ayer que la prueba es de naturaleza bancaria.
“La que pretendían que se declarara ilícita es la recabada en Islas Caimán. Esa prueba forma parte del cúmulo de elementos probatorios que se han hecho llegar a la investigación penal y que sustentan la teoría del caso que maneja el Ministerio Público”, declaró Carrillo.
Agregó que actualmente la causa se encuentra en la etapa preparatoria del proceso penal y se trabaja en la redacción del requerimiento fiscal conclusivo respectivo, el cual esperan concluir pronto.
“De conformidad con nuestra normativa procesal penal, el requerimiento fiscal conclusivo deberá ser puesto en conocimiento de la víctima de domicilio conocido (Procuraduría General de la República) para que esta manifieste si pretende constituirse en querellante.
En este caso deberá indicarlo por escrito dentro de los tres días siguientes. La querella deberá presentarse ante el Ministerio Público, dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo anterior.
Vencidos los plazos antes señalados, el Ministerio Público deberá trasladar la causa penal, junto con su solicitud, al tribunal del procedimiento intermedio (juez penal) para que se resuelva lo que en derecho corresponda”, explicó Carrillo.