Las personas que viven en los precarios tienen condiciones de vida peores hoy día en comparación con hace tres años.
El análisis se encuentra dentro de los hallazgos del vigésimo octavo informe del Programa Estado de la Nación (PEN), que evaluó la disminución de inversión social que va de la mano a la falta de políticas concretas con el fin de atender la exclusión social en los asentamientos informales.
Enfatizaron sobre el riesgo mayor de la población joven de ser reclutada por el crimen organizado dentro de un contexto actual de alta violencia social.
La pobreza es uno de los indicadores que más afectan desde el punto de vista social a nuestro territorio con un porcentaje del 23%.
ASENTAMIENTOS INFORMALES
De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), a la fecha se tiene el registro de 215.093 personas que viven en 689 asentamientos informales en el país.
El estudio incorporó a cinco asentamientos ubicados en la Gran Área Metropolitana y uno al borde periurbano de la región Central, entre ellos, Purral, Guararí, La Carpio, Alajuelita y San Ramón.
El informe recalcó que las afectaciones más graves de esas poblaciones se dan en pérdidas de empleo y acceso a la educación, así como el agravamiento material en periodos de pandemia por Covid-19.
Recalcaron que para subsistir se alimentaron con arroz, frijoles, plátano, pan, café y azúcar, pero en pocas cantidades y de una forma mal balanceada.
El informe es crítico en cuanto a la ausencia de sistemas de información institucionales capaces de reflejar de forma sistemática o periódica las condiciones de vida de esa población en tiempo real.
Concluye que a la fecha existe una incapacidad para resolver los desafíos sociales.
INVERSIÓN SOCIAL
El análisis incluyó la inversión social en el país, la cual en 2021, por medio del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), se redujo en términos reales un 7% en comparación con 2020.
En tanto que para el año anterior, los ingresos de Fodesaf disminuyeron un 13% debido a la merma ligada a la actividad económica del país.
Esto generó un gasto procíclico, es decir, cuando el gasto baja en tiempo de crisis económica en momentos en que las necesidades sociales dentro de una sociedad crecen considerablemente.
“En medio de una institucionalidad que no ha logrado modernizar las políticas sociales y de empleo, particularmente urgentes de atender en el país, el año pasado la menor inversión social de Fodesaf afectó programas de formación del capital humano y mejoramiento del hábitat”, indicó Natalia Morales, investigadora del Programa Estado de la Nación.
Añadió que ese apartado muestra un estudio descriptivo en el que se le da una mirada profunda, aunque no exhaustiva, a las diferentes poblaciones que viven al margen de la integración y equidad social.
SECTOR VIVIENDA
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) emitió una resolución de riesgo inminente en obras de infraestructura pública como puentes, centros educativos, viviendas e infraestructura ferroviaria el pasado 9 de noviembre.
Tras la evaluación de 2.494 obras de infraestructura pública, se detectaron 2.152 viviendas en condición de riesgo, por lo que se estableció una hoja de ruta para la recuperación inmediata.
Jéssica Martínez, ministra del Mivah, indicó a DIARIO EXTRA que la institución cuenta con un inventario actualizado a la fecha. “Están distribuidos en todo el territorio nacional, hay más de un 50% en GAM, pero también en las zonas rurales. Tenemos muchísimo asentamiento en Turrialba, por ejemplo, sabemos que es una zona de recurrente riesgo siempre de manera tal que es una priorización bastante fina que se tuvo que hacer. Siguen muchas personas que todavía están en riesgo, pero no en riesgo inminente, de manera tal la priorización”, indicó.
La jerarca acotó que las zonas de inundaciones también fueron prioridad debido a las condiciones topológicas en las que se encuentran hoy día debido a los riesgos que los fenómenos naturales conllevan, en especial cuando hay épocas de lluvia.
La jerarca acotó que se requiere dar garantía a las condiciones dignas de los ciudadanos para que no sigan enfrentando faltantes o déficits de algún servicio básico indispensable.