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Una moción para eliminar la norma 9 del presupuesto ordinario de 2027, que mantiene congelados ¢29.843 millones asignados al Poder Judicial, no prosperó luego de que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) votara en contra.
Los 5 legisladores de oposición respaldaron la propuesta, mientras que entre quienes se negaron figuran Cindy Murillo, Daniel Siézar, Gerald Bogantes, Gréthel Ávila, Kattia Ulate y Nogui Acosta.
La disposición condiciona la liberación de los recursos a la presentación de estados financieros auditados del Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial 2015, la certificación de cumplimiento de disposiciones de auditoría por parte de la Contraloría General de la República y la aprobación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, así como del Plenario legislativo.
Ángela Aguilar, diputada de Liberación Nacional (PLN) y proponente de la moción, cuestionó que el dinero destinado a servicios esenciales quede sujeto a un procedimiento sin plazos definidos. Según explicó, el bloqueo representa el 5,6% del presupuesto judicial y afecta partidas necesarias para el funcionamiento diario de los tribunales, como recursos para software, equipo de cómputo y comunicación, así como parte del dinero presupuestado para el mantenimiento de 911 oficinas judiciales.
La legisladora advirtió que entre las obras y dependencias afectadas están la morgue de Buenos Aires, en la zona sur, cuya construcción ordenó la Sala Constitucional, así como las sedes de Desamparados, Hatillo y Upala. También mencionó oficinas de Trabajo Social y Psicología en Cartago, Heredia, Liberia y Pérez Zeledón.
Aguilar agregó que el Poder Judicial alertó sobre posibles interrupciones de servicios tecnológicos a partir de marzo de 2027 si el bloqueo se mantiene. Entre las consecuencias mencionadas están la suspensión de licencias informáticas y de notificaciones de audiencias y juicios a las partes, víctimas y testigos.
“Un control legítimo exige correspondencia directa entre el riesgo que se quiere atender y la partida que se condiciona. Aquí no la hay, lo que existe es una sanción anticipada sin debido proceso que cae sobre quien nada tiene que ver con el hecho. La decisión es política y no técnica”, indicó Aguilar.
La diputada María Eugenia Román, del Frente Amplio, sostuvo que la norma establece condiciones adicionales para utilizar recursos que ya fueron autorizados en el presupuesto. A su criterio, el mecanismo equivale a una reducción presupuestaria y afecta el funcionamiento de áreas vinculadas con la seguridad y la justicia.
La frenteamplista indicó que, al sumar el congelamiento con el recorte directo de ¢10.552,5 millones previsto para 2027, la afectación total asciende a ¢40.396,3 millones. Esa cifra equivale a una disminución del 7,46% respecto al presupuesto de 2026, según los datos expuestos por la diputada.
“Este bloqueo afecta a todos los programas más importantes del Poder Judicial, especialmente al OIJ y al Ministerio Público. Mientras el Poder Ejecutivo exige al Poder Judicial que cumpla con sus funciones, le recorta los recursos para que no pueda realizar su trabajo”, afirmó Román.
Las legisladoras cuestionaron, además, que la norma no establezca un plazo para que la Asamblea Legislativa apruebe la liberación del dinero, incluso si se cumplen los requisitos previos.
Aguilar sostuvo que la auditoría del fideicomiso inmobiliario no guarda relación directa con partidas como las licencias informáticas, el mantenimiento de oficinas o los equipos de comunicación de la Policía Judicial.
“Si lo que se quiere es transparencia sobre el fideicomiso, esta Asamblea Legislativa puede solicitar informes, convocar a comparecer a las autoridades judiciales, citar a la contraloría o impulsar la reforma de ley que ya está en discusión sobre transparencia de fideicomisos públicos”, agregó Aguilar.
Los diputados de Pueblo Soberano no hicieron uso de la palabra para justificar su voto en contra de la moción.