PPSO pretende que el Congreso asuma selección completa de magistrados

La reforma constitucional impulsada por el oficialismo para que la Asamblea Legislativa controle por completo la selección y el nombramiento de las magistraturas suplentes es jurídicamente viable, pero enfrenta interrogantes sobre el procedimiento requerido para aprobarla y sus efectos en el equilibrio entre poderes, consideraron especialistas consultados por Grupo Extra.

Diputadas del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), anunciaron un paquete de proyectos, entre estos una reforma constitucional presentada por la diputada Marta Esquivel para trasladar íntegramente a la Asamblea Legislativa el procedimiento de convocatoria, evaluación, selección y nombramiento de los magistrados suplentes del Poder Judicial.

Aunque la Constitución puede reformarse, especialistas debaten sobre si basta una reforma parcial y si el cambio concentra excesivo poder en manos de los diputados.

Actualmente, el artículo 164 establece que el Congreso nombra a los magistrados suplentes, pero debe escogerlos de una nómina de 50 candidatos remitida por la Corte Suprema de Justicia. 

El abogado constitucionalista Luis Felipe Rodríguez considera que la modificación es posible desde el punto de vista jurídico, sin embargo, señaló que detrás del modelo vigente existe una distribución del poder de nombramiento. Mientras los magistrados propietarios son elegidos directamente por la Asamblea, en el caso de los suplentes la Corte interviene mediante la elaboración de la nómina. Para Rodríguez, eliminar completamente esa participación implicaría que tanto las magistraturas propietarias como las suplentes terminarían siendo escogidas mediante procedimientos controlados por un mismo órgano político, en este caso, el Poder Legislativo, donde el oficialismo tiene 31 curules.

“Alguna participación tiene que reconocérsele o debería reconocérsele siempre a la Corte Suprema en la designación de las magistraturas suplentes, porque precisamente suplen ausencias temporales”, manifestó.

La duda sobre el procedimiento

La principal interrogante de los especialistas consultados consiste en determinar si el cambio puede tramitarse mediante una reforma parcial de la Constitución, regulada por el artículo 195, o si modifica de manera tan profunda el equilibrio entre poderes que requeriría una reforma general.

El constitucionalista Marvin Carvajal explicó que ese punto tendría que ser discutido durante la tramitación del proyecto.

Carvajal recordó que la Sala Constitucional ha considerado anteriormente que ciertos cambios relacionados con la estructura y distribución del poder estatal no pueden realizarse por medio de una reforma parcial.

“Ese es un tema que va a tener que ser discutido, porque la Sala Constitucional en el pasado ha entendido que para cierto tipo de asuntos que impliquen una modificación de la estructura de poderes del Estado, una reforma de esa naturaleza no se puede hacer mediante el procedimiento de reforma parcial”, explicó, señalando que todos los proyectos que modifican la carta magna deben pasar por la Sala Constitucional, que deberá definir el procedimiento.

Sin embargo, Rodríguez aseguró que, a su criterio, una reforma de esta naturaleza no requeriría una reforma general.

¿Qué implica el proyecto?

Según la iniciativa, la Comisión de Nombramientos, que actualmente es presidida por Esquivel, tendría que abrir un concurso público, verificar los requisitos, realizar entrevistas públicas, recibir observaciones de la ciudadanía y emitir un dictamen motivado antes de que el Plenario efectúe la votación.

El procedimiento ordinario no podría superar los 90 días hábiles desde la convocatoria hasta la primera votación y cuando se produzca una vacante sobreviniente, el plazo máximo sería de 60 días hábiles.

La iniciativa también crea las magistraturas suplentes ad hoc para atender casos concretos cuando la falta de nombramientos amenace con paralizar una sala.

El debate por la concentración del poder

Para Carvajal, el modelo vigente fue diseñado para que dos poderes intervengan en el nombramiento, de manera tal que la Corte elabora la nómina, pero no puede escoger por sí sola a los suplentes; la Asamblea los designa, pero únicamente entre las personas previamente seleccionadas.

“Hay un equilibrio de poderes diseñado por el constituyente que probablemente, o al menos desde mi punto de vista, no sería conveniente modificar”, afirmó.

Antonio Trejos, legislador del Frente Amplio (FA), considera que la propuesta permitiría que la Asamblea escoja “a dedo” a los magistrados suplentes y eliminaría el filtro previo aplicado por el Poder Judicial.

“El mejor sistema es aquel en el que los políticos no están escogiendo a los jueces que los deben juzgar”, manifestó.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Salvador Padilla también coincidió en la necesidad de revisar el procedimiento, pero cuestionó que la solución sea eliminar los controles existentes.

Antonio Trejos

Diputado del FA

“En países que cuentan con sistemas judiciales más firmes, el propio Poder Judicial el que escoge a sus magistrados suplentes”.