PPSO abre investigación sobre crédito personal de Patricia Solano
Magistrada deberá comparecer para explicar préstamo de asociación
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La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa acordó abrir una investigación sobre el crédito que habría recibido la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro, por parte de la Asociación de Servidores Judiciales (Asosejud) para la construcción de una vivienda en Parrita.
La moción fue aprobada con cinco votos a favor y tres en contra y contempla llamar a comparecer a Solano para que brinde explicaciones y aporte documentación relacionada con el préstamo.
El acuerdo pretende determinar el procedimiento y las condiciones en que se otorgó el crédito, así como el origen de los recursos utilizados para adquirir el inmueble dado como garantía hipotecaria y su valor real.
También se investigará el costo total de la construcción y, en caso de que superara los ₡128 millones, de dónde provinieron los recursos adicionales.
Cuestionan prioridades
Tras la aprobación, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Norjelens Lobo cuestionó al diputado oficialista Stephan Brunner, quien anteriormente había manifestado que no respaldaba investigaciones dirigidas contra personas específicas.
“Esta moción no tiene vida en esta comisión, no son fondos públicos, usted mismo lo ha mencionado, es una relación entre personas en el ámbito privado y parecería ser más una venganza política que otra cosa”, señaló.
La diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura también cuestionó que el foro legislativo decidiera investigar un crédito personal después de rechazar otras pesquisas relacionadas con recursos públicos.
“¿Cómo es posible que se esté utilizando esta comisión para investigar créditos personales? ¿No tienen abogados ustedes que vayan a investigar esto? Para eso quieren utilizar los recursos públicos, para perseguir gente. Y las finanzas públicas, ¿quién las investiga?”, reclamó.
En contraste, la Comisión rechazó abrir una investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de un niño de 7 años que resultó herido de bala el 9 de septiembre en Pueblo Nuevo de Limón y falleció mientras se coordinaba su traslado aeromédico desde el Hospital Tony Facio hacia el Hospital Nacional de Niños.
La propuesta buscaba determinar posibles fallas en la coordinación entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Servicio de Vigilancia Aérea, Aviación Civil y el sistema de emergencias 9-1-1, así como revisar la disponibilidad de aeronaves y los procedimientos seguidos para concretar el traslado.