El Estado deberá garantizar la participación de las comunidades en el diseño e implementación de políticas y programas tendientes a gestionar y darles valor a los residuos que producen.
Lo anterior será una realidad si se aprueba el texto sustitutivo al proyecto 23451 para la gestión integral de residuos, que presentó Kattia Cambronero, diputada del Partido Liberal Progresista, ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
Esta iniciativa de ley además cambiaría al ente rector del tema, que en la actualidad es el Ministerio de Salud, y le otorgaría esta potestad al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Este cambio es contradictorio con lo que propuso el Gobierno en un proyecto de ley (24251) presentado públicamente el 5 de abril, mediante el cual les quitaría a las municipalidades el poder de otorgar los permisos de uso de suelo para los rellenos sanitarios y que esa actividad sea responsabilidad de Salud.
Los dos proyectos se diferencian principalmente en dos temas importantes: la rectoría y las competencias de las instituciones, además de la participación ciudadana y de otras organizaciones.
CAMBIO DE RECTORÍA Y TRASLADO DE COMPETENCIAS
La rectoría en materia de basura se refiere a quién es la persona o entidad que toma las decisiones más importantes en el tema. La ley actual estipula que el ente superior es el Ministerio de Salud.
No obstante, hay una serie de competencias o acciones que deben hacer otras entidades como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), que está adscrita al Minae, y también las municipalidades, que tienen la potestad de otorgar el permiso de uso de suelo.
El anterior es un requisito fundamental para construir un relleno sanitario y operarlo en un cantón.
Justamente esto es lo que pretende modificar el Ejecutivo con su proyecto, que ese permiso lo otorgue el Ministerio de Salud.
La razón es que algunas municipalidades niegan ese permiso para evitar que se construya una industria de este tipo en su cantón.
Con la reforma sería Salud quien defina cómo y dónde se pueden instalar estos parques tecnoambientales.
A diferencia de ello, el proyecto de Cambronero no solo no le da esa potestad a Salud, sino que prácticamente la quita de las tareas más importantes que tiene, trasladándosela al Minae.
Entre estas acciones que se trasladarían están el registro de los gestores ambientales, que ahora estaría a cargo del Minae; los permisos para importación de residuos valorizables y su exención de impuestos; dictar políticas sobre residuos de naturaleza especial y peligrosos; declaraciones de contaminación de los suelos; y recepción de los programas de manejo integral de residuos, entre otros.
También el proyecto de Cambronero obliga que las inspecciones que se realicen a los gestores y rellenos sanitarios se hagan de manera conjunta entre el Ministerio de Salud, Minae y la municipalidad del cantón donde se ubica el relleno.
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
En el tema de la participación de las comunidades y otras organizaciones de la sociedad civil el proyecto del Poder Ejecutivo no cambia en nada el modelo actual.
Pero el sustitutivo, por su parte, plantea en su artículo 9: “Para la formulación de la política, el plan y los reglamentos técnicos, el Ministerio de Ambiente y Energía deberá garantizar la participación de los sectores vinculados a la gestión integral de residuos en el ámbito nacional, y quedan facultados para crear las comisiones ad hoc que consideren necesarias para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley”.
Adicionalmente esta iniciativa obliga a los ayuntamientos a hacer una consulta pública para la aprobación del plan municipal de gestión integral de residuos.
Por otra parte, las comunidades podrán participar en la fiscalización del cumplimiento de la ley y generar proyectos para la adecuada gestión de los residuos, entre otras responsabilidades.
Ambos proyectos se tramitan en la Comisión Especial Permanente de Medio Ambiente, por lo que los diputados de dicho órgano decidirán cuál de los dos dictaminarán para continuar su trayecto en el plenario legislativo.