El juicio contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y seis imputados más por el caso “Reaseguros”, vinculado al Instituto Nacional de Seguros (INS) deberá esperar hasta 2025.
Para este lunes estaba en firme que arrancara un litigio público en su contra, no obstante, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó que la nueva fecha sería del 10 de marzo al 10 de setiembre de ese año.
MÁS DE 20 AÑOS…
Punto a señalar, es que ese caso en particular lleva más de dos décadas en los estrados judiciales y aún no llega a etapa de juicio.
En todo ese tiempo se han señalado declaratorias y vicios de nulidad en el proceso de investigación por parte del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José (Penal de Hacienda y Función Pública), así como petitorias de seguimiento al caso por parte de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Del mismo modo, se han hecho segundas indagatorias, terceras audiencias preliminares, acumulación de procesos, posposiciones e incluso ha llegado hasta la Corte Plena y Sala Constitucional.
En 2013, se dio un sobreseimiento del caso, sin embargo, fue revocado en julio de 2014 por el Ministerio Público. El mismo año también se dictó sobreseimiento contra los imputados.
En 2015, se ordenó apertura de juicio y un año después se anuló la resolución. En 2018, el caso fue apelado y en 2021, vería la luz, sin embargo, no se pudo realizar debido a la pandemia del covid-19.
El caso particular, catalogado por las mismas autoridades judiciales como de “tramitación compleja”, cuenta con 4.800 documentos. La causa se tramita bajo el expediente 05-000002-0621-PE.
Desde la defensa, consideran que se han dado una “violación a los derechos constitucionales” de los imputados porque se ha “desnaturalizado la finalidad del proceso penal en sí”, como la misma Sala Constitucional lo declaró en el voto 2022-003946 del 18 de febrero de 2022.
EL CASO
El caso “Reaseguros/INS” está relacionado con el presunto pago por $2,1 millones de exfuncionarios estatales a la reaseguradora londinense PWS, entre 1998 y 2002.
Del mismo modo, se acusan presuntas comisiones y pagos de viajes dados por las empresas corredoras Guy Carpenter y Willis, durante 2001, a funcionarios que habrían estado en la Administración Rodríguez Echeverría.
Adicionalmente, se señala que, con dichos recursos, se habrían supuestamente cancelado más de $47.000 de la tarjeta de crédito del expresidente.
Por dichas acciones, se investiga el delito de peculado, el cual se da cuando un funcionario público sustrae o distrae dineros o bienes del erario público en beneficio propio, también cuando la acción se da en beneficio de terceros.
De acuerdo con el artículo 361 del Código Penal, dicho acto podría ser sancionado con penas de tres meses a dos años de cárcel.
Además de Rodríguez, figuran otras personas de apellidos Zawadzki y Acuña, así como exfuncionarios del Instituto Costarricense de Electricidad.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica intentó conversar con Rodríguez, así como con Cristian Arguedas, su abogado, sin embargo, al cierre de esta nota, no contestaron las llamadas.