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Un informe emitido por la Contraloría General de la República señala una serie de irregularidades en los procedimientos de compras, controles internos y regulaciones en los procesos de contrataciones en la Municipalidad de Turrialba.
Entre los hallazgos emitidos por el ente contralor está que el municipio carece de mecanismos para evitar posibles actos de corrupción.
“Con base en los resultados obtenidos de la auditoría, se concluye que la gestión de compras públicas que realiza la Municipalidad de Turrialba no cumple razonablemente con la aplicación de la normativa jurídica, no garantiza la efectividad del procedimiento de compras y presenta riesgos de corrupción… falta de acciones en el proceso de implementación del nuevo modelo de compras públicas y su alineamiento con lo dispuesto en la Ley General de Contratación Pública, Ley Nº.9986…”, indica el informe.
Además, se señala la ausencia de controles internos de la Municipalidad en detalles como selección del contratista y apego a los lineamientos trazados por el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La Contraloría enfatiza que en 2022 se advirtió a este gobierno local la necesidad de hacer cambios en estas áreas, a través del informe sobre el Nuevo Modelo de Gestión de Compras Públicas.
“…Entre los resultados de ese informe se destaca que la Municipalidad se ubicó en un nivel inicial de preparación hacia la implementación de la Ley General de Contratación Pública, lo cual significa que, transcurrido más de un año de este informe, todavía se mantiene un panorama similar de situaciones pendientes de cumplir en cuanto al proceso de implementación de la nueva Ley…”, añade el documento.
FECHA LÍMITE
El ente contralor determinó como plazo límite el 13 de noviembre de este año al Concejo Municipal para que envíe un oficio acreditando las acciones establecidas y hasta el 15 de marzo de 2024 para la implementación de dichas medidas en solución a las falencias encontradas en los procesos de contratación.
También solicita adjuntar “La propuesta que presente el alcalde en cuanto a la normativa interna para regular la gestión de la prevención de riesgos de corrupción en el proceso de compras públicas…”.