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El descontento se ha apoderado de los habitantes de Puntarenas, en especial de aquellos pertenecientes al distrito de Lepanto, con lo que aparenta ser un nuevo escándalo de corrupción.
Tanto ellos como los miembros del Concejo Municipal Distrital de la localidad solicitan a las autoridades investigar al intendente municipal de apellidos Rodríguez Johnson.
La molestia surge tras supuestas anomalías que se presentan en el seno del concejo, relacionadas a malos manejos financieros de recursos públicos y destrucción de la estructura organizacional de la municipalidad.
También, en apariencia, se ha dado una eliminación de los controles internos, así como nombramientos irregulares, lo que ha atizado un poco más el malestar de la ciudadanía.
Debido a la lejanía de algunos distritos con las cabeceras de cantón nacen los concejos distritales, pero esto también ha hecho que muchas personas no conozcan la realidad de lo que sucede, como este caso en Puntarenas.
Karla Rodríguez, viceintendente, indicó que han acudido a la Municipalidad de Puntarenas en busca de una solución, sin embargo, la respuesta por parte del gobierno local es negativa.
En especial porque esta última dice que no cuenta con un experto en los procesos de fiscalización, por lo que no hay manera de comprobar momentáneamente que se hayan presentado anomalías.
“La Municipalidad aduce que no puede hacer nada ya que no cuenta con un auditor interno que realice las debidas diligencias y están a la espera del nombramiento, sin embargo, esto se está saliendo de las manos, ya que el pueblo está molesto”, dijo.
Rodríguez manifestó que a las irregularidades descritas se suman discriminación y acoso laboral a funcionarias, violación a la prohibición por parte del intendente municipal, cobros indebidos de ventas ambulantes por parte de este.
A esto se debe agregar uso irregular de la maquinaria municipal en terrenos privados, uso indebido de vehículos municipales, donación irregular de diarios de la Comisión Local de Emergencia, entre otros.
PIDEN QUE CONTRALORÍA SE META
El descontento que manejan los ciudadanos es tal que hacen un llamado para que la Contraloría General de la República (CGR) intervenga las oficinas municipales para recabar pruebas.
En especial luego de que ya hicieron una denuncia ante las autoridades del Ministerio Público, pues recalcó que se trata de fondos de todo el pueblo y del Estado costarricense.