Hace mucho tiempo, vendieron la idea de que iban a usar el sistema de las tobilleras para liberar un poco las cárceles del hacinamiento que las aquejaba, puesto que existían varias resoluciones de la Corte por las cuales se mandaba a la cartera de Justicia a tomar acciones urgentes.
Desde que la ministra de ese momento dio a conocer la noticia, los ticos se mostraron poco receptivos con la información, de hecho, durante mucho tiempo hubo críticas en redes sociales que iban y venían, porque este dispositivo permitiría una liberación masiva de presos y lo peor es que no se tenía, en ese momento ni ahora, la seguridad de que quienes se beneficiaran no iban a delinquir nuevamente.
Este beneficio de las tobilleras en muchos casos no fue bien canalizado, porque desde siempre la población estuvo de acuerdo en que se tornaba más loable que se usara este dispositivo para dejar salir a un papá que debía pensión alimentaria que a alguien que realmente sí había cometido un delito.
No decimos que los privados de libertad no puedan obtener beneficios, por el contrario, ojalá su estancia en los centros penales resulte lo suficientemente edificante para reinsertarlos en la sociedad, pero la realidad muestra lo contrario.
Y eso radica en las raquíticas políticas públicas que se han generado desde hace más de 20 años en esta materia, en el abandono de los centros penitenciarios y en la relegación de sus poblaciones casi a la nada.
El cambio debe ser progresivo, aparejado no solo de beneficios para los internos, sino de políticas de contención para familias, comunidades y la sociedad en general.
Sin embargo, a veces pareciera que el tema del bendito sistema de monitoreo electrónico no fue bien dirigido, puesto que salió a la calle gente que evidentemente era un peligro para el resto de la población, prueba de eso es la cantidad de reincidentes que han tenido que volver a las cárceles y ni qué decir de los que han sido asesinados producto de actividades poco lícitas.
Comprendemos las ventajas de usar la tecnología para mejorar la calidad de vida, tanto de quienes deben cumplir alguna condena como de sus familiares que prefieren tenerlos con ellos, sin embargo, a veces no entendemos cuál es la insistencia del Ministerio al porfiar con la misma empresa a sabiendas de que la Contraloría General de la República ya ha dicho en varias ocasiones que el proceso no se está llevando de la manera correcta.
El Ministerio de Justicia y Paz tiene dos años de estar en este estira y encoge con la adjudicación con la empresa que se haga cargo de las tobilleras de los reos del país, entonces no entendemos, de una vez por todas, por qué no se cambia de empresa si la que está dando el servicio ya ha sido rechazada por la Contraloría. A veces estas actitudes parecen un poco sospechosas y justo ahí se encienden las luces de alarma acerca de si hay gato encerrado.
Esa no es una labor que se le pueda encomendar a cualquiera, puesto que en la actualidad existen 1.884 reos que están siendo monitoreados por estos sistemas, entonces de caerse o de no contar con un servicio óptimo y responsable todas estas personas casi que estarían por la libre, sin ninguna vigilancia.
Lo que se ocupa es sacar nuevamente la licitación y que, de una vez por todas se encuentre una empresa para brindar el servicio adecuadamente, y que no se detecten inconsistencias, porque se trata de un tema bastante delicado como para no lograr adjudicar y estar dándole largas al asunto. Seamos realistas, la seguridad de quienes estamos en libertad se puede ver violentada si no se tiene un correcto monitoreo de los presos a los cuales se les dio un privilegio.
Esperamos que el Ministerio de Justicia finalmente pueda adjudicar, no importa que sea una empresa internacional o nacional, siempre y cuando se dé el monitoreo que el país necesita y no que sea una simple mampara para quienes logran salir a las calles a seguir delinquiendo.