La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha sido, desde su fundación en 1941, un baluarte del bienestar y la equidad en Costa Rica. Considerada una de las instituciones más importantes del país, ha brindado acceso a la salud a millones de personas, promoviendo la justicia social y el desarrollo humano.
Sin embargo, en los últimos años se ha visto envuelta en escándalos que no solo empañan su reputación, sino que también ponen en peligro el futuro del sistema de salud pública nacional.
Desde sobreprecios en la adquisición de medicamentos y mascarillas hasta contratos irregulares en obras de infraestructura hospitalaria, así como en adjudicaciones para supuestamente favorecer a unos cuantos, dejan un mal precedente entre los asegurados.
Uno de los casos más recientes que ha sacudido a la entidad es el llamado Barrenador. Lo que inicialmente parecía una respuesta oportuna para enfrentar la necesidad en la prestación de servicios de salud a 589.000 usuarios, terminó exponiendo la vulnerabilidad de la CCSS una vez más.
Investigaciones judiciales revelaron que algunos funcionarios pudieron aprovecharse de sus posiciones para eventualmente influir en la conformación de un cartel licitatorio.
Cada recurso que se desvía o malgasta es un recurso que no llega a quienes más lo necesitan. Además, erosiona la confianza pública en la Caja, lo que puede derivar en un aumento del escepticismo y la desafección hacia el sistema público de salud.
Para hacer frente a esta crisis, resulta imprescindible un compromiso firme de parte de las autoridades, tanto políticas como institucionales. Se deben implementar mecanismos más robustos de transparencia y rendición de cuentas, que permitan detectar y sancionar de forma rápida cualquier irregularidad.
La colaboración con instituciones como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público también tiene que fortalecerse para garantizar que se lleven a cabo investigaciones profundas y efectivas.
No obstante, se debe reconocer que el problema en la CCSS no constituye un fenómeno aislado, sino que refleja una tendencia preocupante que afecta a muchos otros entes públicos.
La Caja debe ser reformada, sí, pero no debilitada. Es necesario que los esfuerzos se enfoquen en fortalecerla y en erradicar las prácticas que amenazan con socavar su misión fundamental: garantizar el derecho a la salud para todos los ciudadanos.
El desafío es enorme, pero no insuperable. Costa Rica ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para superar crisis y regenerar sus instituciones.
Ahora, más que nunca, es el momento de exigir que la CCSS vuelva a ser el emblema de justicia social y bienestar que siempre ha sido. Para ello, no basta con indignarse, hay que actuar con firmeza y responsabilidad, construyendo un futuro donde las dudas sobre contrataciones no tengan cabida en ninguna esfera del servicio público.
