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Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han tenido, en varias ocasiones, que retractarse y ajustar a la baja sus modelos matemáticos sobre posibles muertes relacionadas al Covid-19. Mientras que en febrero y marzo de 2020 hablaban de una catástrofe humana con millones de muertes, ahora la evidencia científica y la investigación los ha hecho cambiar sus criterios.
Por contraste con el tamaño de la población mundial, el desarrollo actual de la tecnología, la investigación y la medicina, la Pandemia relacionada con el Covid-19 no puede compararse, ni de cerca, con otras pandemias históricas mundiales: La peste negra mató más de 50 millones de personas entre 1327 al 1347. La gripe española mató más de 50 millones en 1918. La plaga Justiniana del año 540 mató más de 25 millones, en su pico morían hasta 10 mil personas diarias en el imperio Bizantino.
Llama la atención las palabras del pasado 8 de julio, del primer ministro de Francia Jean Castex: “Pero no vamos a imponer un confinamiento como el de marzo pasado, porque hemos aprendido (…) que las consecuencias económicas y humanas de un confinamiento total son desastrosas”. Después de más de 30 mil muertes en Francia por causa del coronavirus, su criterio es responsable al sopesarlo con el daño social y económico al país y a sus ciudadanos.
Por ser la Iglesia una voz objetiva en su compromiso con la verdad, por su amor al prójimo, respeto profundo por la vida y dignidad humana; solicito que sean una fuerza heroica para romper con el deterioro social y económico que están causando las injustificadas medidas restrictivas y confinamiento de las autoridades de gobierno, además prever que estas produzcan conflictos políticos innecesarios que podrían afectar la paz social.
Cinco derechos y garantías constitucionales se podrían estar lesionando total o parcialmente, algunos de ellos derechos humanos: El derecho a la libertad de tránsito, el derecho al trabajo, el derecho a la libre expresión, el derecho al ejercicio individual-corporativo de la libertad religiosa y el derecho a la salud.
Respecto al derecho al trabajo, la Iglesia es una comunidad corporativa formada por familias y miembros de todas las edades, también conformadas por empresarios, profesionales y personas que trabajan para llevar sustento a sus mesas, pagan sus deudas, hipotecas, servicios y realizan las inversiones para tener una vida digna. Las restricciones del derecho al trabajo están causando la pérdida de empleos, el cierre de empresas y el rompimiento de cadenas de comercio y servicios, aumentando la pobreza, la enfermedad y el deterioro social, esto podría provocar graves situaciones de violencia en el corto plazo, inclusive el rompimiento del orden constitucional. No hay que olvidar que la Iglesia tiene un compromiso con sus feligreses y sus familias.
La Iglesia ha sido responsable en esta pandemia protegiendo a sus integrantes y colaborando con las autoridades, inclusive cerrando totalmente los templos, aunque muchos son del criterio que, por el llamado de la Iglesia, fue un error haberlo permitido, especialmente por el dolor que la muerte, el desempleo, la pobreza, la enfermedad podrían estar ocasionando. La libertad religiosa es un derecho humano único e irreductible, particular entre otros derechos, se ejerce de manera individual o corporativo, tan fundamental como la libre expresión por tanto merece atención especial, respeto y protección para ejercerse en completa libertad. El cierre solo se debió limitar a la reunión corporativa. Duele ver miles de templos cerrados. Hay que rectificar. “La iglesia nunca cierra”, lo tiene por mandato divino, por voluntaria sujeción, por solidaridad extrema y por amor y misericordia. Deben prevalecer herramientas del derecho y siempre será necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.