¿Por qué el ministro de Justicia denunciará al Fiscal General?
Ante hechos ocurridos en un centro penal de Limón
La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público alcanzó un nuevo punto de ruptura esta semana. El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, confirmó que presentará una denuncia penal contra el Fiscal General de la República, Carlo Díaz Sánchez, y varios fiscales subalternos.
El motivo es una presunta omisión sistemática en la aplicación de laLey que penaliza el ingreso de dispositivos electrónicos a las cárceles, específicamente en un centro penal en Limón.
Desde el 30 de abril de 2025, la reforma al artículo 257 del Código Penal establece penas de dos a cuatro años de prisión para cualquier persona que intente introducir teléfonos celulares, satelitales o dispositivos de comunicación en centros penitenciarios. Pese a esta norma vigente, el Ministerio de Justicia denuncia que la Fiscalía está ignorando la vía penal y desviando los casos a simples procesos administrativos.
Cuestionamientos a la cúpula judicial
El ministro Aguilar fue crítico y arremetió contra Carlo Díaz.
“Da pena, asco y vergüenza la actuación de la fiscalía y aquí hay un único responsable y es usted, Carlo Díaz ¿Cuál es el mensaje que usted le está enviando a los delincuentes? Sigan metiendo teléfonos en las cárceles, sigan girando órdenes, sigan estafando gente porque va a imperar la impunidad”, criticó Aguilar.
Por su parte, la presidenta Laura Fernández, extendió el reclamo a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
“Don Orlando Aguirre, usted le está fallando a Costa Rica. Este pueblo se merece que el Poder Judicial nos diga si los jueces que están liberando delincuentes es porque los corrompieron, porque los tienen amenazados o por las dos cosas”, expresó Fernández.
Ante los señalamientos, la Fiscalía Adjunta de Limón defendió su actuación.
Mediante un comunicado oficial, la institución señaló que “resulta incorrecto afirmar que el Ministerio Público se negó a perseguir un delito” y subrayó que, en los hechos reportados por los agentes penitenciarios en ese caso específico, “no existían elementos que permitieran considerar que se estaba ante una conducta delictiva”.
