A la larga presentar un título falso les salió caro a 20 exfuncionarios de la Municipalidad de San José, quienes fueron despedidos entre 2022 y este año.
No solo perdieron el trabajo y los echaron sin derecho a cesantía, sino que también se inició un proceso penal en su contra, por lo que de ser encontrados culpables irían a la cárcel.
El artículo 366 del Código Penal establece que quien presente un título falsificado “será reprimido con prisión de uno a seis años, el que hiciere en todo o en parte un documento falso, público o auténtico, o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio”.
El mismo artículo dice que la pena es peor para los empleados estatales: “si el hecho fuere cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, la pena será de dos a ocho años”.
Además los 20 exempleados del municipio josefino tienen garantizado que no volverán a trabajar en dicha institución, según confirmó a DIARIO EXTRA Alan Vásquez, director de Recursos Humanos.
De acuerdo con Vásquez, tras denuncia presentada en 2020 se realizó de oficio la revisión de los títulos de más de 1.500 funcionarios municipales y todos los sancionados presentaron el de bachillerato en Educación Media (de colegio), por lo que tuvieron que coordinar con el Ministerio de Educación Pública para verificar el engaño.
Tras el proceso de despido, la Municipalidad de San José pasó la información a las autoridades judiciales, según comentó Vásquez.
“Estamos obligados a denunciar también la presentación de documentos falsos ante el Ministerio Público. De eso se encarga la Dirección de Asuntos Jurídicos para cada uno de los casos que se detectaron”, declaró.
El director de Recursos Humanos del ayuntamiento josefino contó a El Periódico del Pueblo que desde que iniciaron esos procesos se detectó la presentación de títulos falsos por parte de cinco personas que concursaban por puestos en la municipalidad.
Los extrabajadores municipales tampoco podrán trabajar, al menos pronto, en ninguna otra institución pública, pues la nueva Ley Marco de Empleo Público dice que tras un despido se “impedirá a cualquier otra entidad u órgano que forme parte del Estado contratarlo por un plazo que va de seis meses a dos años”.