Por cambiar llanta no fue a juicio

En el Tribunal Penal de San José un hombre de apellidos Morales Salazar debió presentarse ante el juzgado, como sospechoso por amenazar de muerte a tres personas, entre ellas, los diputados Francisco Nicolás del Partido Liberación Nacional y Ariel Robles del Frente Amplio.

El hecho se dio el 3 de julio de 2023 cuando este hombre llegó a la Asamblea Legislativa e ingresó hasta la barra de público donde además de amenazar de muerte a ambos legisladores se quitó la camiseta en el Plenario.

Ante esta situación, se le ordenó salir, sin embargo, se negó, por lo que la Fuerza Pública llegó para sacarlo. Los legisladores y Magaly Camacho, jefa de Seguridad en ese momento, presentaron una denuncia penal en su contra, por amenazas e insultos a funcionarios públicos.

En ese momento, Morales fue llevado hasta el Ministerio Público donde días más tarde se dictaron medidas cautelares como: no acercarse a 500 metros de la Asamblea y no utilizar redes sociales para ofender o amenazar a los implicados.

NO SE PRESENTÓ

Casi 10 meses después del incidente se programó el juicio contra el sospechoso, quien, según indicó la Defensa Pública, había estado yendo a las audiencias previas, sin embargo, luego de que le dieran 40 minutos de la hora de programación del debate penal, no se presentó a la sala 5 del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial.

Por lo que se le indicó que sería declarado en rebeldía al negarse a atender el llamado de un juez de la República.

Mediante una llamada telefónica, DIARIO EXTRA se comunicó con Morales, quien dijo que no quería referirse al tema, ya que se encontraba cambiando una llanta.

“Mire, no quiero referirme al tema, estoy cambiando una llanta porque está frenado el carro”, aseguró.

¿QUÉ PASA EN LOS
CASOS DE REBELDÍA? 

Desde DIARIO EXTRA consultamos a los expertos para conocer qué sucede en los casos donde un juez penal declara a una persona como rebelde e indicaron que de primera mano se debe conocer las razones por las cuales no se presentó a testificar, sin embargo, dependiendo de eso, después el juez puede incluso ordenarle a la Fuerza Pública buscarla e interponerle medidas cautelares, como prisión preventiva.

“El código procesal penal establece en su artículo 89 la rebeldía, una de las obligaciones principales que tienen todas las personas sujetas a un proceso penal es mantener su domicilio actualizado, entonces si usted es citado a una diligencia judicial y no se hace presente el juez puede dictar una orden de captura.

Con el proceso penal se interrumpe el plazo de la prescripción; es decir, que no continúa corriendo, pero también se emite esta orden de captura a todas las autoridades hasta que lo detengan y lo traigan nuevamente al proceso.

Cuando esta persona aparezca, el Tribunal valorará que fue lo que pasó, se puede dictar prisión preventiva y volver a señalar el juicio o bien en ocasiones sucede que se da una justificación de peso, por lo que los jueces la valorarán y únicamente reiniciarán el juicio”, explicó el abogado Roy Castro.

POSICIÓN DE DIPUTADOS

Luego de la declaración de rebeldía por parte del Tribunal, Nicolás brindó una conferencia de prensa para referirse al tema e indicó que ninguna persona debe amenazar de muerte a otra por no tener los mismos ideales.

“El señor Morales hizo un desafío más al Poder Judicial, no acatando el llamado de un juez de la Republica. Nosotros estaremos atentos al señalamiento con fecha. Él en lugar de simplificar las cosas las va complicando, pero este tema de amenazar de muerte a un funcionario público no debe ser razón para que las voces disidentes dejemos de hablar, vamos a seguir señalando las cosas como son de este Gobierno y cualquier persona o funcionario que no actúe correctamente, esta situación no es aislada.

Esto forma parte de un bloque, incluso esta persona hizo hace unos meses con otro grupo, un proyecto de ley de iniciativa popular para que nadie pudiera hablar en contra del Gobierno, lo cual demuestra que son un grupo organizado”, manifestó.

Además, indicó que este tipo de situaciones amenaza la libertad de expresión.

“Me parece que este tipo de situaciones, amenazando de muerte a alguien que no habla como ellos quieren, es una amenaza directa a la libertad de expresión, se ha hecho contra la prensa, ahora se hace contra funcionarios públicos o diputados que no estamos de acuerdo en cómo marchan las cosas y esa no es la Costa Rica ni la democracia que tenemos”, agregó.