Una adulta mayor que padece una discapacidad que le impide firmar, tal y como se indica en su cédula, es obligada a llevar a tres testigos cada vez que realiza una transacción en la sucursal de Plaza Víquez del Banco Popular (BP).
Por ese motivo, acudió a la Sala Constitucional para explicar cómo en reiteradas ocasiones la entidad bancaria ha rechazado sus intentos de hacer gestiones por su cuenta y lo complicado que le resulta conseguir que tres personas concuerden en horario para acudir con ella al banco a efectuar trámites.
El alto tribunal falló a favor de la recurrente y ordenó a la jefatura de la filial de la entidad bancaria que realice las gestiones necesarias para permitirle firmar por medio de huella digital.
Diario Extra se acercó a la agencia, donde indicaron que no podían brindar declaraciones y cualquier pregunta había que gestionarla a través de la oficina de prensa.
Por esa vía, el banco se limitó a informar que “revisando nuestras bases de datos no consta que hayamos sido notificados de una resolución de la Sala Constitucional al respecto. Es importante mencionar que los recursos de amparo son siempre respondidos en tiempo y forma, mediante un informe puntual sobre los elementos de cada caso. En cuanto seamos notificados del voto procederemos a su análisis, para posteriormente referirnos al tema y tomar las acciones que resulten procedentes”.
