Poner tope a pensiones judiciales sería inconstitucional

Los magistrados de la Corte Plena identificaron diversas inconsistencias en el proyecto de ley que pretende establecer un límite a las pensiones del Poder Judicial.

Por ello, aprobaron un informe que advierte que dicha iniciativa compromete la autonomía organizativa y funcional del órgano judicial.

Se trata del expediente 24.786, cuyo propósito es fijar un tope de ¢1,7 millones tanto para las jubilaciones actuales como para las futuras, incluyendo aquellas del Presupuesto Nacional y las pensiones especiales del Magisterio Nacional.

Luis Porfirio Sánchez, magistrado de la Sala II, aseguró que, aunque la propuesta no se restringe exclusivamente al Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial, se basa en “supuestos infundados”.

“Este plan vulnera la independencia del Poder Judicial, ya que transfiere competencias de evaluación a los lineamientos establecidos por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”, señaló.

Añadió que la iniciativa del Gobierno omite que las pensiones judiciales ya se encuentran “adecuadamente reguladas”.

“Cualquier restricción adicional podría representar una posible inconstitucionalidad. Desde nuestro punto de vista, esta reforma podría generar conflictos con la Carta Magna”, advirtió.

Roxana Chacón, también magistrada de la Sala II, indicó que el proyecto presenta fallos desde su redacción: “Una de sus principales debilidades es que pretende igualar las pensiones judiciales con las del régimen general de la CCSS”.

Chacón subrayó que, a diferencia del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja, los empleados del Poder Judicial y del Magisterio Nacional realizan aportes significativamente superiores.