El proyecto del gobierno que plantea poner un tope al precio de las gasolinas tendría un costo de ¢28.000 millones al mes. Esto según cálculos preliminares del Ministerio de Hacienda.
Así lo manifestó Nogui Acosta, ministro de Hacienda, al economista Gerardo Corrales durante una entrevista relacionada con el tema de los eurobonos.
La idea es crear un fondo autosustentable que funcione por cierto periodo para dar a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) la diferencia entre el precio real de mercado y el que establecería el gobierno (de manera artificial) (¢900 u ¢800 por litro).
Acosta explicó que, si bien habrá un tope, es probable que el precio esté por encima o por debajo de este. “Es lo que estamos tratando de calcular”, manifestó.
Indicó que esos ¢28.000 millones mensuales pueden fluctuar, pues aún se está afinando el lápiz.
El ministro dijo que eliminar el impuesto a los combustibles no tiene ninguna lógica y él no lo respaldaría porque es uno de los pocos impuestos verdes que existen en el país.
Los precios de las gasolinas en Costa Rica aún no reflejan la caída en el costo del petróleo a nivel internacional, ubicándose hoy cerca de $80 el barril, tampoco la baja en el tipo de cambio del dólar.
“Todo es un proceso, vamos a ir calibrando”, comentó Acosta, quien explicó que incluso esperan una baja adicional en mercados internacionales que no habría ocurrido todavía porque en Estados Unidos están en verano y el consumo todavía es alto.
¿Y SI EL COMBUSTIBLE BAJA LOS TICOS PAGARÍAN MÁS?
El cálculo hecho por el economista Corrales es mayor al del titular de Hacienda. Este habló de $700 millones, que equivalen a un 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Yo hablé de $700 millones porque es el cálculo simple del precio actual del litro de diésel o gasolina, menos el techo de los ¢300 en diésel y los ¢900 en gasolina por litro que menciona el gobierno.
La diferencia con respecto a los cálculos del ministro surge de que el gobierno supone que hay meses donde el precio de los combustibles va a ser inferior a ¢900 por litro, pero aun así se seguirían cobrando los ¢800 o los ¢900”, comentó Corrales ante una consulta de El Periódico del Pueblo.
José Miguel Masís, director de la Cámara de Expendedores de Combustibles, manifestó a DIARIO EXTRA que este plan del gobierno no tendría una afectación en los operadores.
“Eso es un tema hacendario. La estructura en los combustibles está determinada por el costo internacional, el impuesto a los combustibles, el margen de operación de Recope, el margen de operación de las estaciones y del transporte, además de los cánones de regulación”, expresó.
Un precio más bajo más bien podría ser ventajoso incluso desde el punto de vista operativo, pues a manera de ejemplo dejó ver que el pago de comisiones por tarjeta se cobra sobre el precio y no sobre el margen.