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Que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) supervise a las asociaciones solidaristas que prestan dineros a sus afiliados, genera polémica entre los diferentes actores. Esto a raíz de un proyecto de ley presentado por Sofía Guillén, diputada del Partido Frente Amplio.
La iniciativa frenteamplista presenta la reforma al artículo 117 de la Ley del Banco Central para que la Sugef tenga la responsabilidad de fiscalizar en todo momento y sin excepciones a las asociaciones solidaristas, cuando estas hagan intermediación financiera.
Este proyecto surge después de la investigación que realizó la Comisión de Control y Gasto Público de la Asamblea Legislativa sobre el traslado de fondos de la cesantía de los trabajadores del Banco Nacional a la asociación solidarista de dicha institución.
Mientras con esto, Guillén pretende establecer un mecanismo: “presentamos este proyecto de ley para combatir esas potencialidades de corrupción que existen cuando una asociación solidarista administra fondos de los trabajadores de una institución pública y algunos jerarcas meten mano”.
La diputada afirma que el proyecto presentado tiene tres cambios fundamentales: Primero, obliga a la Sugef y al Banco Central supervisar a las asociaciones solidaristas, en segundo lugar, estas asociaciones no podrán tener negocios con las instituciones de la que se derivan para evitar los posibles conflictos de intereses, finalmente, se establecen controles al traslado de los fondos que son trasladados a las asociaciones.
OPOSICIÓN DE
SUPERVISORES
Esta iniciativa no es nueva. Ya en julio de 2021, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional había emitido un pronunciamiento, donde afirmaban que las asociaciones solidaristas estaban eximidas de todo tipo de supervisión financiera.
“Al estar impedidas legalmente para captar recursos del público ahorrante e inversionista de manera abierta, no se adecúan a los elementos fundamentales de la regulación y supervisión prudencial en ese sentido (…), no resulta viable, en términos prácticos y operativos, someterlos a la supervisión de Sugef”, aducen.
Esto quiere decir que como las asociaciones solidaristas solo obtienen fondos de sus propios agremiados, no resulta práctico para la administración supervisarlos.
Todo esto por cuanto los fondos que son administrados por las asociaciones solidaristas tienen un carácter privado. Quisimos conocer la posición de la Sugef, pero no se obtuvo respuesta sobre este tema.
SOLIDARISTAS ESTÁN
EXPECTANTES
Las asociaciones solidaristas que se encuentran en estos momentos en el ojo del huracán afirman que ellos no están en contra de una supervisión prudencial, pero sí con algunas reservas, así afirma Guido Alberto Monge, vicepresidente del Movimiento Solidarista.
Los solidaristas esperan que en el caso de darse una supervisión se haga de manera proporcional específica para el tipo de organización que somos, el costo sea razonable y tome en consideración que la mayoría de las asociaciones solidaristas son pequeñas.
Para estas organizaciones, no puede aplicarse el mismo tipo de supervisión que al resto del sistema financiero nacional. Otro tema que piden los solidaristas es que esta supervisión se realice en equidad con otras organizaciones que administran la cesantía.
“La propuesta planteada puede entrar en conflicto con la Ley 7.472, la cual busca asegurar igualdad de condiciones entre entidades que realizan actividades similares”, asegura Monge.
Los solidaristas afirman que este modelo no capta recursos del público, sino que son captaciones que se hacen vía planilla, se destinan al ahorro del trabajador y al aporte de la cesantía. Esto significa que las asociaciones solidaristas como entidades jurídicas no asumen un riesgo institucional, sino que actúan por cuenta, riesgo y beneficio de sus mismos miembros, o sea de los asociados.
Monge también indicó que cuando se abra la discusión en la Asamblea Legislativa esperan tener la oportunidad de explicar a fondo sus cuestionamientos.