La Contraloría General de la República (CGR) aseguró que la póliza que pretende contratar el Gobierno para proteger a sus ministros “carece de sustento legal”.
El señalamiento se da una vez que la Procuraduría General de la República indicó que el futuro de dicha póliza debía ser definido por la institución presidida por Marta Acosta.
“La contratación de un seguro no puede ser utilizada como un mecanismo para trasladar al erario responsabilidades personales de los funcionarios”, según el pronunciamiento de la CGR.
Por otra parte, la Contraloría apuntó que el Estado únicamente puede adquirir aquellos seguros que respalden gastos que se encuentren permitidos en el marco legal vigente.
En consecuencia, no bastaría que sea emitida por el INS para que el Ejecutivo pueda adquirirlo, sino que “se requiere que el gasto sea legítimo” y se pueda asumir conforme a la normativa aplicable.
“Cualquier cobertura financiada con fondos públicos, cuyo beneficiario directo sea el funcionario en lo personal carece de sustento legal, desvirtúa el régimen de responsabilidad administrativa, según el cual cada uno debe responder por sus actos en el ejercicio de sus funciones.
Por tanto, cualquier indemnización derivada de una póliza contratada por el Estado debe ingresar a la Hacienda Pública y ser administrada conforme a los principios de legalidad”, puntualizó la CGR.
