Costa Rica debe tener una sola política en materia ambiental. Debemos decidir si estamos a favor o en contra de la explotación de petróleo y gas natural.
Hoy hay versiones encontradas entre las intenciones del Gobierno y un proyecto que precisamente impulsa un diputado oficialista en la Comisión de Ambiente.
La iniciativa, que avanza en su camino para convertirse en Ley, plantea que no podrán autorizarse permisos ni concesiones para exploración ni explotación de petróleo y gas en el territorio nacional.
Pero el Poder Ejecutivo ha dado señales de tener una posición distinta con respecto a este tema y mal haríamos en no definir qué es lo que queremos frente a los ojos del mundo.
Para nadie es un secreto que el presidente Rodrigo Chaves dejó la puerta abierta para hacer una exploración, decisión que va en línea con una parte del sector privado.
La posición del mandatario es que este tipo de práctica no daña la naturaleza y pone como ejemplo a Noruega. Sin embargo, lo cierto es que hay otras evidencias en el plano ambiental.
Cuatro han sido los presidentes en el país que se han opuesto a desarrollar cualquier exploración y es que ciertamente resulta contradictorio para un país que se vende al mundo como “verde”.
Hay corrientes que indican que el gas natural es un combustible más limpio que el carbón, mientras otros indican que se trata de un generador de gases de efecto invernadero, que contribuyen en gran medida al calentamiento global.
La tesis de que este proceso podría generar un aporte importante a la economía no es descabellada, pero deberíamos definir si estamos dispuestos a pagar el precio ambiental.
No por nada hubo un acuerdo histórico en la COP28 para dejar atrás los combustibles fósiles, en que estuvieron de acuerdo los Estados Unidos y la Unión Europea.
Frente a ello, y de manera sorpresiva, la delegación de Costa Rica decidió dar la espalda a la Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA, o Alianza para ir Más Allá del Petróleo y el Gas Natural).
Todo esto nos dice que estamos dando palos de ciego. Nos resta credibilidad el no tener una posición definida con respecto al tema, de manera que haya un alineamiento entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno.
Por un lado, decimos que el tema no será prioridad para el Gobierno y por otro tenemos un grupo de diputados que nos dice que vamos con una ley contraria a esos deseos.
Es propio de una democracia que haya diferencias de criterio, pero nos vemos mal por no tener una posición unificada, especialmente en materia ambiental.