Policías usarán cámaras corporales

Tras aprobación de proyecto de ley

La Asamblea Legislativa avanzó con la iniciativa para que las fuerzas policiales utilicen cámaras corporales y vehiculares, una herramienta que busca reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en los procedimientos policiales.

La diputada Katherine Moreira Brown, presidenta de la Comisión Plenaria, afirmó que la decisión representa un paso importante para la seguridad del país. 

Señaló que este tipo de tecnología permite registrar los procedimientos, reduce dudas, previene abusos de autoridad y respalda tanto a las víctimas como a los oficiales. 

Además, indicó que acerca a Costa Rica a estándares internacionales en materia de seguridad y facilita la obtención de prueba directa para los procesos judiciales.

“La autoridad que actúa con transparencia gana legitimidad y fortalece el Estado de derecho”, sostuvo la legisladora, al destacar que el registro audiovisual protege a quienes cumplen la ley y a quienes la hacen cumplir.

No obstante, el proyecto generó criterios encontrados. El diputado oficialista Alexander Barrantes manifestó su oposición, principalmente por el impacto presupuestario. Según indicó, la implementación superaría los ¢2 mil millones, sin contar los costos de mantenimiento a mediano y largo plazo.

Barrantes propuso como alternativa la creación de un centro de mando y control tipo C-5, con inteligencia artificial, para gestionar la seguridad a nivel nacional. A su criterio, esa opción sería más prudente, relevante y con mayor efecto en la prevención del delito.

El texto aprobado y que ahora será enviado a Casa Presidencial para firma como ley o un eventual veto.

La ley autoriza el uso de cámaras en vías y lugares públicos, así como en recintos privados donde se ejecute una operación policial debidamente autorizada.

El texto también regula el tratamiento de la información, ordenando que las grabaciones se almacenen en servidores designados por el Ministerio de Seguridad por un plazo que se definirá vía reglamento y que luego se eliminen cuando se desvinculen de procesos judiciales o administrativos.