Al menos cuatro de los nueve oficiales de la Fuerza Pública detenidos como sospechosos del asesinato de un extranjero dentro de la delegación policial en Pavas podrían enfrentarse a una pena de hasta 18 años de prisión, en caso de que se compruebe su responsabilidad en el hecho, explicó Boris Molina Mathiew, abogado penalista.
“Ese homicidio pareciera que se mantiene en la fase simple, como tal podría llevar una sentencia de 12 a 18 años, según lo establece el artículo 111 del Código Penal. Podría existir la posibilidad de que este se tenga como un homicidio que se llama preterintencional, lo que hace referencia a casos que con la intención de lesionar se cause la muerte”, detalló Molina.
La pena en el hecho mencionado por el experto solo se podría definir conforme avance la investigación y podría pasar de entre uno a seis años de cárcel.
“En relación con las otras personas que podrían ser copartícipes del delito de homicidio por no haberlo evitado, a estas se les podría imponer las mismas sanciones que al que causó la lesión, además podría existir un posible delito de abuso de autoridad, el cual establece de tres meses a dos años, según indica el artículo 338 del Código Penal”, añadió.
Sobre lo ocurrido
Este lunes, la Fiscalía de Pavas, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvo a nueve efectivos de la Fuerza Pública de esa localidad por su aparente participación en el homicidio de un hombre que había sido aprehendido la semana pasada por un presunto caso de violencia doméstica.
Contra otros de los sospechosos se atribuye incumplimiento de deberes.
De acuerdo con los hechos indagados, el 9 de febrero ingresó a celdas de la Fuerza Pública local un hombre que al parecer incumplió medidas de violencia doméstica.
Horas más tarde, él se convirtió en víctima, cuando presuntamente recibió una brutal golpiza la madrugada de ese mismo día. Luego, fue declarado muerto en el lugar.
“Este sujeto (el detenido) fue atacado, de acuerdo con las autoridades judiciales, por cinco oficiales de policía. De esos cinco, uno era el bitacorista de guardia, y anotó datos falsos.
Aparte de ellos, se está imputando a 4 personas por omisión, ya que vieron lo sucedido y no actuaron al respecto”, declaró Randall Zúñiga, director del OIJ.
¿Abuso de poder?
Por su parte Jonathan Flores, directivo nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), declaró a este rotativo que más allá de una cuestión protocolaria interna o técnico-policial, los policías tienen un mandato legal.
“El servidor policial, dentro de sus atribuciones como funcionario público, es quien protege los bienes jurídicos y el de mayor tutela en nuestro Estado democrático consiste en el derecho a la vida, así lo indica el artículo 11 la Constitución Política.
Boris Molina Mathiew
Abogado penalista
“En relación con las otras personas que podrían ser copartícipes del delito de homicidio por no haberlo evitado, a estas se les podría imponer las mismas sanciones que al que causó la lesión”.
