La realidad de nuestra Policía de Tránsito refleja con crudeza uno de los más preocupantes síntomas de la desatención sistemática hacia los servidores públicos: infraestructuras que no solo deterioran la dignidad laboral, sino que representan un riesgo real para quienes nos protegen y garantizan la seguridad vial.
El informe de Auditoría Interna del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que Diario Extra dio a conocer el martes expone una crisis que va más allá de la simple falta de mantenimiento.
En cinco delegaciones regionales — Sarapiquí, Siquirres, Turrialba, Guápiles y Santa María de Dota — los oficiales trabajan en condiciones que desafían toda noción de ambiente laboral digno y seguro.
Pasillos angostos, baños sin adaptar, instalaciones con riesgo de inundación, permisos sanitarios vencidos y deterioro generalizado son más que defectos menores.
Representan una violación sistemática de los derechos básicos y un incumplimiento flagrante de normativas como la Ley General de Salud. Lo más preocupante no es solo el estado actual, sino la aparente normalización. Reconocemos el trabajo del director general de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda, quien ha hecho un esfuerzo para cambiar la realidad a pesar de la “poca intervención en infraestructura”, lo que revela lamentablemente una negligencia institucional enquistada que trasciende administraciones.
Resulta indignante que quienes arriesgan su integridad diariamente para garantizar nuestra seguridad vial sean sometidos a condiciones que comprometen su propia salud.
Una institución que opera 24/7, con 37 delegaciones en todo el territorio nacional, merece una inversión seria y comprometida en su infraestructura.
En general nuestros cuerpos policiales no escapan a estas circunstancias. Esto es posible extrapolarlo a Fuerza Pública, ya que si bien existe un esfuerzo por mejorar sus delegaciones, salarios e instrumentos para combatir la criminalidad, aún faltan muchos problemas por resolver.
El Estado tiene una responsabilidad ineludible. No se trata solo de reparar edificios, sino de reconocer el valor fundamental de estos servidores públicos. Cada espacio degradado e instalación sin mantenimiento, es un mensaje silencioso de desprecio hacia quienes nos protegen en las carreteras.
En el caso de los oficiales de tránsito de estas zonas y del resto del país, esperamos que el “plan integral” se concrete cuanto antes y no pase de esta administración.
Se requiere un compromiso político real, asignación presupuestaria transparente y una visión de largo plazo que dignifique el trabajo de este cuerpo policial.
A los ciudadanos nos compete exigir, a las autoridades, actuar porque detrás de cada infraestructura deteriorada hay seres humanos que merecen condiciones dignas para cumplir su crucial labor .
