Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Juzgado Penal de Pavas resolvió mantener la medida de prisión preventiva contra los oficiales de la Fuerza Pública Chinchilla, Brenes, Morales y Artavia, investigados por el homicidio calificado del nicaragüense Henry Reyes Corrales, ocurrido cuando este permanecía detenido en la delegación policial de esa localidad.
La decisión se tomó el pasado 26 de agosto como parte de la revisión obligatoria cada tres meses, en cumplimiento del artículo 253 del Código Procesal Penal.
El juez Juan Solano Valverde, determinó que no existe ninguna circunstancia nueva que favorezca a los imputados y que permita variar la medida cautelar, por lo que deberán continuar bajo prisión preventiva hasta el 19 de noviembre de 2025.
Según el expediente judicial, los imputados son investigados por supuestamente causar la muerte de Reyes Corrales mientras se encontraba bajo custodia policial.
Durante estos meses, la defensa presentó incidentes procesales, recursos de apelación y sustituciones de abogados, sin que estas gestiones lograran modificar la medida cautelar, la cual ya había sido confirmada previamente por el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José.
Sobre los hechos
El 17 de febrero, la Fiscalía de Pavas y el OIJ detuvieron a nueve oficiales de la Fuerza Pública por su presunta vinculación con el homicidio de un detenido en celdas policiales.
La investigación señala que el 9 de febrero un hombre, arrestado por incumplir medidas de violencia doméstica, fue golpeado brutalmente por cinco oficiales durante la madrugada y murió en el sitio. Uno de ellos, encargado de la bitácora, habría registrado datos falsos.
Otros cuatro policías enfrentan cargos por incumplimiento de deberes al presenciar los hechos sin intervenir, según explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga.
¿Ilegalidad en la detención?
La defensa de los oficiales alegó ilegalidad en el operativo del OIJ por supuesta falta de orden judicial, ausencia de fiscal y decomiso irregular de celulares. Sin embargo, el juez Juan Solano Valverde concluyó que la diligencia no fue un allanamiento, sino un operativo de captura coordinado con el Ministerio Público y notificado a los mandos policiales.