El caos vial que enfrenta Costa Rica no es un problema nuevo, pero sí uno que ha empeorado con el paso de los años.
La falta de orden en las carreteras, el irrespeto a las normas de tránsito y el aumento de accidentes han convertido la conducción en una actividad de alto riesgo.
Sin embargo, en lugar de reforzar la vigilancia y dotar de mejores condiciones a la Policía de Tránsito, la realidad muestra todo lo contrario: los oficiales son cada vez menos y trabajan en condiciones deplorables.
En todo el país se cuenta con menos de 100 policías de tránsito para operativos nocturnos. Para San José, incluyendo Pérez Zeledón, una de las provincias más transitadas, solo ocho funcionarios y cuatro patrullas deben velar por el orden.
En zonas rurales la situación es aún más crítica: en algunas delegaciones únicamente existe un oficial por turno para atender varios cantones. Es decir, la autoridad en carretera prácticamente no existe en ciertos momentos del día.
Esta entidad tiene un déficit de 1.500 policías, una cifra alarmante para una nación con una infraestructura vial saturada y un parque vehicular en constante crecimiento.
El resultado de esta escasez se traduce en menor control de conductores ebrios, infracciones impunes y un mayor riesgo para quienes transitan por las vías.
Condiciones laborales indignas
No solo faltan oficiales, sino que quienes aún cumplen con su deber lo hacen en condiciones indignas. Los reportes indican falta de patrullas, lo que limita la capacidad de respuesta ante accidentes y emergencias.
Muchas de las unidades están dañadas o en mal estado, esto obliga a realizar las labores con recursos mínimos.
A esto se suma que no se han hecho contrataciones significativas desde 2020, lo que ha generado una sobrecarga laboral para los policías en servicio.
Con jornadas extenuantes, una paga que no compensa el peligro y la falta de apoyo institucional, muchos han optado por renunciar o trasladarse a cuerpos municipales de tránsito, donde las condiciones son más favorables.
El problema no es solo de logística, sino también de seguridad. Sin suficientes agentes en las calles, las probabilidades de que grupos criminales y choferes irresponsables actúen con impunidad aumentan. Los controles de tránsito no solo regulan el tráfico, sino que también disuaden delitos, previenen percances y garantizan un mínimo de orden en los caminos.
Prioridades equivocadas
Resulta inconcebible que en un país donde se invierten millones en consultorías, viáticos y proyectos de dudosa eficacia, no haya fondos para contratar más oficiales de tránsito.
La Policía de Tránsito no solo es necesaria para reducir la congestión vial y prevenir accidentes, sino también para aplicar la ley y proteger la vida de los ciudadanos.
Es inaceptable que Costa Rica dependa de menos de 100 oficiales para operativos nocturnos en todo el territorio nacional. Mientras tanto, las cifras de muertes en carretera siguen incrementando, las calles se convierten en tierra de nadie cuando cae la noche y el desorden vehicular sigue escalando.
Necesitamos urgentemente un plan integral de fortalecimiento para esta institución. La contratación de al menos 500 nuevos policías en el corto plazo debería ser una prioridad, junto con la adquisición de nuevas patrullas y equipos para garantizar que puedan hacer su trabajo de manera eficiente.
El caos vial y la inseguridad en las vías no se resolverán solos. La inversión en infraestructura es fundamental, pero sin una fuerza de tránsito capaz de hacer cumplir la ley, cualquier esfuerzo será en vano.
No basta con promesas de estudios sobre plazas vacantes o la incorporación de apenas 20 o 30 cadetes cuando el déficit es de 1.500 oficiales.
La nación necesita que se tome esta situación con la seriedad que amerita. Se trata de la seguridad de millones de personas que todos los días utilizan las carreteras.
