La Municipalidad de San José podría estar incurriendo en la privatización de la seguridad pública debido a la venta de cámaras de vigilancia adicionales para todos los distritos del cantón, según abogados.
Varios ciudadanos criticaron a la institución en una publicación de Facebook que ofrece esta posibilidad a partir de los ¢16.000. En los comentarios, los usuarios expresaron su descontento, ya que consideran que deben pagar. “No me parece que esta decisión sea acorde con la misión y los deberes municipales.
No solo hay dudas sobre su legalidad, sino que tampoco es lógico que se contrate a un tercero para brindar un servicio esencial.
Esto sería una privatización de la seguridad pública, algo que claramente va en contra de la Constitución”, manifestó Luis Rodríguez, abogado constitucional y administrativo.
Por su parte, Dennis Solano, también litigante, explicó que la institución podría estar incurriendo en una irregularidad al cobrar por la prestación de seguridad privada sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley.
“Para ser válido, el proceso debe contar con la autorización del Concejo, un acuerdo municipal y la adjudicación a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop)”, mencionó.
Este es otro punto de debate, pues, según el gobierno local, el cobro comenzó hace 20 años, lo que plantea interrogantes sobre la renovación de los contratos en Sicop y la vigencia del proceso de adjudicación.
Por lo tanto, si el acuerdo no ha sido renovado, podría existir una violación a los principios de transparencia y legalidad en la administración de los recursos del gobierno local.
Mónica Coto, jefa de Seguridad Electrónica de la alcaldía josefina, confirmó que el servicio existe desde hace dos décadas. Según declaró, se trata de una red de resguardo para hogares y barrios que se conecta a la central de monitoreo.
“Es una contratación que realiza la Municipalidad. Los equipos son propiedad municipal y se comercializan bajo un modelo similar al de las operadoras telefónicas en sus procesos de oferta a los ciudadanos”, explicó.
Por su parte, Yorleny Córdoba, regidora de San José, manifestó su desacuerdo con este negocio, pues confirmó a este medio que estas contrataciones ocurren con una extraña frecuencia.
La regidora también enfatizó la urgencia de cambiar este tipo de acciones para cubrir gratuitamente a comunidades vulnerables, como el distrito Hospital, Barrio Cuba y Cristo Rey, donde la violencia es más pronunciada.
