Informe de Dirección Jurídica señala que sería positivo
La exclusión del Poder Judicial de la regla fiscal le afectaría de manera favorable, de acuerdo con un informe presentado por la Dirección Jurídica en Corte Plena.
Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial, señaló que la afectación positiva le permitiría terminar con la limitación presupuestaria que ha tenido durante los últimos cuatro años.
“Toda vez que eliminaría una serie de restricciones y amarras en materia presupuestaria, con motivo de la aplicación de la regla fiscal”, aclaró. Miguel Ovares, jefe temporal del Sistema Financiero Contable del Poder Judicial, dio a conocer que la propuesta incidiría de manera positiva.
Por otra parte, Roxana Arrieta, directora general de Gestión Humana, explicó que se eliminarían dificultades para establecer programas que facilitan el acceso a la justicia, en especial en temas de recurso humano.
Debido a que la propuesta incide en el funcionamiento y organización del Poder Judicial, aunque sea de manera positiva, Campos explicó que le correspondería a la Asamblea Legislativa determinar si requería la aprobación de mayoría simple (29 votos) o calificada (38 votos). Ante este panorama, se generó un debate a lo interno de la Corte si se debía acoger el informe o tomar la decisión que no afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
Fernando Lara, magistrado suplente de la Sala Constitucional, cuestionó que en otras ocasiones la Corte Plena no toma posición sobre un proyecto, que solo se indica si afecta o dicho poder.
“Anteriormente la Corte pensaba distinto y ahora cambió de opinión. No tenemos una política clara con respecto a ese tema, a veces solo decimos ‘no incide’ o ‘sí incide’, pero ahora en este caso sí estamos tomando una posición al respecto”, señaló.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte, dijo que no está de más que los funcionarios señalen si afecta o no, pero que no se oponen a una propuesta determinada.
VOTACIÓN
Tras el debate en Corte Plena sobre la manera de votar la propuesta se acordó que los magistrados, a pesar de que están a favor del proyecto, decidieran si apoyaban o no el informe presentado por Campos.
En una primera votación, con la presencia de 18 funcionarios judiciales, se obtuvo un resultado de empate sobre lo indicado por el informe y no se pudo llegar a una conclusión.
Por lo cual se sumó al proceso otra persona y en una segunda votación un total de nueve decidieron no acoger el informe presentado por Campos; es decir, indicando que no afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
Mientras que los ocho restantes dieron su apoyo a lo expresado por la Dirección Jurídica, lo cual implica que tiene una incidencia positiva en la organización judicial.
Con este resultado final, para que el proyecto sea aprobado en la Asamblea Legislativa, requiere el apoyo de 29 congresistas, es decir, mayoría simple.
OIJ FUERA DE EMPLEO PÚBLICO
Durante la sesión anterior, los magistrados de Corte Plena evaluaron el expediente 24.191, que permitiría excluir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicos y la Ley de Empleo Público.
La intención de la iniciativa es frenar la fuga de profesionales como investigadores y científicos forenses, que tienen amplia experiencia en resolución de indagaciones.
Un informe señala que la propuesta tendría una afectación en el funcionamiento del Poder Judicial, criterio que fue acogido de materia unánime en Corte Plena.
Roxana Chacón, magistrada de la Sala II, quien expuso el reporte, afirmó que a pesar del criterio considera necesario que se apruebe dicha iniciativa por la situación de criminalidad en el país.
“Lo que se pretende es devolver a los funcionarios del OIJ a la aplicación del modelo salario base más pluses, sin embargo, la reforma del texto sustitutivo tiene que ver que no se autorizan nuevos incentivos salariales”, explicó.
Es decir, lo que se plantea es regresar técnicos especializados, profesionales policiales y jefaturas del OIJ al modelo salarial que existía antes de la promulgación de las dos legislaciones antes citadas.
“No va a regir a los grupos ocupacionales de corte administrativo, auxiliares y asistenciales, que quedan bajo la regulación de las nuevas normas de Empleo Público y Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, agregó Chacón.
REACCIONES
En primera instancia los magistrados indicaron que dicha propuesta sí afectaba el funcionamiento del Poder Judicial, pero a pesar de los cambios en el nuevo texto mantuvieron el mismo criterio.
Por otra parte, la Dirección de Gestión Humana señaló que la propuesta impactaría a un 87% del personal del OIJ, lo que podría causar una brecha salarial con los demás
funcionarios del Poder Judicial.
Randall Zúñiga, director de la policía judicial, también fue consultado y dio su respaldo a la propuesta al afirmar que es la manera de contrarrestar la fuga de personal, que ha sido constante durante los últimos tres años.
El proyecto fue avalado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y ahora deberá discutirse en el plenario.
Sin embargo, la fracción oficialista ha manifestado su oposición a la iniciativa, mientras que el presidente Rodrigo Chaves adelantó un posible veto si la ley se aprobaba.