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“El Poder Judicial enfrenta dificultades para sancionar las faltas”, afirmó Evelyn Villarreal, investigadora del Estado de la Nación.
De acuerdo con el V Informe del Estado de la Justicia, únicamente el 7% de los casos disciplinarios que llegan a la Inspección Judicial concluyen con una sanción.
Existen distintos niveles de infracciones dentro del Poder Judicial.
Las jefaturas atienden las de menor gravedad, mientras que la Inspección Judicial asume las sanciones superiores a 15 días.
Este órgano, que actúa como tribunal administrativo, atiende situaciones relacionadas con la Fiscalía General, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública.
“Es factible que algunas personas sean inocentes, pero no es creíble que lo sean el 93%. Evidentemente, hay una falla para imponer sanciones”, enfatizó Villarreal.
En un nivel más alto, la Corte Plena y el Consejo Superior analizan los procesos de jefaturas y jueces superiores (categorías 4 y 5).
Según la experta, ahí se generan cuellos de botella, ya que los expedientes pueden tardar mucho
tiempo en ser revisados por los magistrados.
El informe identifica deficiencias en la tramitación, errores en la clasificación de las faltas y vencimientos de plazos como principales causas del bajo índice de sanciones.
Estos hallazgos ya se habían señalado en estudios previos del Estado de la Justicia.
El análisis más reciente destaca que, ante el crecimiento del crimen organizado, contar con un régimen disciplinario firme resulta clave para prevenir actos de corrupción.
“Sin un sistema que castigue las irregularidades, las personas se arriesgan. No existe una razón suficiente para evitar conductas indebidas o delitos mayores vinculados con la corrupción”, advirtió.

