Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Poder Judicial rechazó las condiciones planteadas por el Gobierno para liberar parte de los recursos incluidos en su presupuesto y advirtió que la medida podría afectar los servicios de justicia que recibe la ciudadanía.
La institución sostuvo que siempre ha rendido cuentas y que sus finanzas se encuentran sometidas a la fiscalización de la Contraloría General de la República, así como a los controles y las auditorías establecidos por ley.
Además, aseguró que la ejecución de su presupuesto supera el 95% y que ha cumplido las normas fiscales y de empleo público.
“El problema es otro. Se pretende establecer de manera exclusiva para el Poder Judicial una serie de requisitos para utilizar parte de los recursos que ya fueron presupuestados”, indicó.
El Gobierno propone que los fondos sean liberados en tractos y únicamente después de cumplir tres condiciones: que las cuentas auditadas del fideicomiso para infraestructura judicial sean revisadas por la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, que la Contraloría certifique el cumplimiento de sus disposiciones y que tanto esa comisión legislativa como el plenario autoricen al Ministerio de Hacienda a liberar los recursos.
Ante ese planteamiento, el Poder Judicial aseguró que la nueva formulación presupuestaria sometería la utilización del dinero a trámites y aprobaciones de una comisión legislativa, el plenario y el Ministerio de Hacienda.
La institución señaló que existe una diferencia entre fiscalizar el uso de los recursos y condicionar el momento y la manera en que pueden utilizarse.
“Fiscalizar significa comprobar que los recursos se utilicen correctamente y conforme a la ley. Otra cosa es condicionar cuándo pueden utilizarse, cómo pueden reorganizarse o qué plazas pueden utilizarse”, manifestó.
Según el Poder Judicial, la Constitución Política le garantiza independencia para administrar sus recursos sin la intervención administrativa de otro poder de la República.
La institución negó que su posición busque defender privilegios o gastos innecesarios y sostuvo que pretende conservar la capacidad de utilizar oportunamente los fondos necesarios para cumplir sus funciones.
Advirtió que cualquier retraso en la disponibilidad del dinero podría repercutir en las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la atención y protección de víctimas, la tecnología, el funcionamiento de los tribunales y otros servicios esenciales.
“Cuando defendemos el presupuesto del Poder Judicial, defendemos la capacidad de brindar justicia”, afirmó.
Finalmente, indicó que la discusión no gira en torno a la cantidad de dinero asignada, sino al momento en que podrá disponer de esos recursos y las decisiones que podrá tomar sobre ellos.
“Defender la capacidad presupuestaria del Poder Judicial es defender los servicios de justicia, la seguridad y los derechos de toda la ciudadanía”, concluyó.