Poder Judicial requiere fondos para más de 1.800 plazas

Tendrían un costo cercano de ¢64 mil millones

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Directores de los diferentes organismos del Poder Judicial expusieron la necesidad de 1.800 plazas que requieren para hacer frente a la lucha contra el crimen organizado y su procesamiento en los tribunales de justicia.

El monto necesario sería superior a los ¢64 mil millones para crear puestos de trabajo en los despachos penales, atención a delitos sexuales, el custodio de los reos, jurisdicción de los pueblos indígenas y jueces en la Sala Constitucional.

“Tenemos, actualmente, un déficit de recursos humanos que no se ha otorgado el dinero, a través del tiempo, por las limitaciones presupuestarias. Los recursos no son suficientes para atender el aumento de la criminalidad. Yo estoy seguro de que, si nos dieran el recurso, la justicia nuestra sería todavía más eficiente”, indicó Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Orlando Aguirre. Foto: Raquel Vargas.

Entre las necesidades, también planteó la urgencia de aprobar una reforma al Código Procesal Penal para eliminar algunos aspectos que son manipulados por abogados para alargar los procesos judiciales.

“Necesitamos, obviamente, más dinero y esas reformas que ya están planteadas en la Asamblea Legislativa”, agregó Aguirre.

Además, reclamaron que el Ministerio de Hacienda no está girando los recursos asignados, que representan más de ¢9 mil millones que se tomaron de la partida de intereses, por los diputados para la contratación de personal en el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que solo se entregaron ¢3 mil millones para 86 plazas y que no se les autorizó incorporar los 244 restantes en el presupuesto del próximo año.

“El Poder Ejecutivo no ha cumplido con el traslado de todos los fondos que se requieren para la ejecución de las partidas aprobadas aquí en la Asamblea Legislativa”, señaló Aguirre.

Con un presupuesto de ¢532 mil millones, en el Poder Judicial cuentan con tres pilares: inversiones en tecnología, desarrollo de infraestructura como la construcción de la morgue judicial en Buenos Aires y mejoras en la seguridad integral de los recintos judiciales.

“Mi mensaje es claro, este presupuesto, aunque austero y limitado, es una inversión indispensable para la seguridad de las familias y las comunidades de Costa Rica”, concluyó el presidente de la corte.

Necesidades en el Poder Judicial

  • Despachos Penales: 1.335 plazas que requieren de ¢44 mil millones.
  • Atención a delitos sexuales: 222 puestos con un costo cercano a los ¢10 mil millones.
  • Custodio de reos: 105 plazas que requieren de ¢2.500 millones.
  • Creación de Jurisdicción para Pueblos Indígenas: 146 puestos con un costo de ¢5 mil millones.
  • Jueces en la Sala Constitucional: 7 plazas que requieren de ¢414 millones.

Desglose del Presupuesto

  • Dirección y Administración: ¢102 mil millones
  • Tribunales de Justicia: ¢185 mil millones
  • Organismo de Investigación Judicial: ¢124 mil millones
  • Ejercicio de la Acción Penal Pública: ¢59 mil millones
  • Defensa Pública: ¢45 mil millones
  • Protección de Víctimas y Testigos: ¢11 mil millones
  • Fondo de Jubilaciones y Pensiones: ¢2 mil millones
  • Total: ¢532 mil millones

Sonia Rojas – Diputada PLN

“Me parece inaceptable que el gobierno no ve a la seguridad de manera completa porque, si bien es cierto, es importante darle las plazas al Ministerio de Seguridad, no ha sido posible que vea de la misma manera al Poder Judicial. Es necesario y urgente que se le dé las plazas al OIJ”.

Paulina Ramírez – Diputada PLN

“Ante la situación tan crítica que está viviendo el país, poder ¿cómo priorizar la asignación de los recursos si todo es urgente? Si vemos esto como un sistema, no podemos combatir la seguridad solo con la seguridad pública, ni tampoco solo con el OIJ si no tenemos los fiscales porque todo tiene que ir a juicio”.

Eli Feinzag – Diputado PLP

“Con solo los primeros $60 millones, de la membresía de lujo del CAF, alcanzaba para contratar 1500 oficiales de fuerza pública, 240 investigadores judiciales y 120 fiscales. Tal vez la membresía se puede posponer y ayudar a incrementar las capacidades de nuestros cuerpos de seguridad”.