Alegan aumento de crimen organizado
El aumento de las acciones del crimen organizado en el país requiere de un incremento de plazas para el Poder Judicial y sus autoridades esperan dejar clara esta posición en la Asamblea Legislativa.
Representantes de dicho Poder asistirán a la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso para presentar el presupuesto de 2025, que asciende a los ¢521.000 millones.
Como requerimientos adicionales, y que no fueron incorporados en el plan de egresos para el próximo año, indican que les hacen falta 963 plazas para atender el aumento del crimen organizado.
Los puestos son requeridos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y su impacto sería también en el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Servicio Jurisdiccional.
Esto representa un costo estimado de ¢31.500 millones que las autoridades no tienen hasta la fecha y que tampoco serán incluidos en el presupuesto de 2025.
Randall Zúñiga, director del OIJ, aseguró que para combatir el avance de las organizaciones criminales se requiere reforzar la capacidad operativa del Poder Judicial y la Fiscalía, incluyendo a la Defensa Pública y la Judicatura.
“Hemos ido buscando cómo generar recursos desde San José para reforzar las zonas costeras y la periferia del país, donde se registra más criminalidad. Pero hay una necesidad real de invertir en las oficinas regionales, pues cuenta con menor capacidad de personas”, manifestó Zúñiga.
También señaló que la Dirección de Planificación del Poder Judicial determinó un estudio de necesidades reales del OIJ “de manera objetiva, neutral, sin sesgo y de manera técnica”, con un requerimiento de más de 1.000 puestos, aunque es consciente de la crisis fiscal que enfrenta el país.
Un total de 656 homicidios registra Costa Rica hasta la fecha, para un promedio de 73 asesinatos mensuales, la mayoría relacionados con ajustes de cuentas.
El Poder Judicial señaló que en principio habían detectado un requerimiento de 1.300 puestos para esta ola de criminalidad, pero este año pudieron incluir alrededor de 400 plazas.
El Poder Judicial indicó que, para la presentación que realizarán en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el límite autorizado por el Ministerio de Hacienda entre gasto corriente y de capital es cercano a los ¢506.000 millones.
Sin embargo, del monto total anterior, deberán reducir cerca de ¢1.825 millones para la atención de infraestructura del OIJ y la construcción de un edificio judicial en Buenos Aires de Puntarenas. Por otra parte, deberán destinar cerca de ¢5.700 millones para necesidades específicas como la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Oficina de la Defensa Civil y la Ley de Estupefacientes.
